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V íctor Blanco, ex presidente de Racing, recibió buenas noticias por parte de la Justicia. El juzgado en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante, dictó la falta de mérito en el marco de la causa por retención indebida de aportes. Misma suerte corrieron Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.
El tribunal y la falta de mérito para Blanco
El tribunal dictaminó que n o existen pruebas que demuestren una responsabilidad personal del dirigente en la omisión de depositar los impuestos y contribuciones retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en favor de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con esta resolución, el tribunal de alzada le dio la razón a la apelación presentada por la defensa de Víctor Blanco Rodríguez. Según el fallo, la resolución dictada en primera instancia no logró establecer cuál fue la participación concreta del dirigente en las maniobras investigadas.
El fallo destaca que las declaraciones testimoniales recolectadas a lo largo de la causa respaldan la versión de la defensa, ratificando que Blanco no formó parte de los presuntos ilícitos. Como consecuencia directa de esta decisión de la Cámara, el juez de primera instancia ordenó el levantamiento inmediato del embargo que pesaba sobre los bienes de Blanco, así como también la anulación de todas las medidas cautelares de carácter personal que se le habían impuesto.
Tras este respaldo judicial, el equipo legal del dirigente anticipó que continuará trabajando para lograr el sobreseimiento definitivo en la causa.
La situación de Tapia y Toviggino
Por el contrario de Blanco, se mantiene con procesamiento firme al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino.
A diferencia de la situación del ex presidente de Racing, ambos directivos máximos de la entidad de la calle Viamonte continúan procesados por no haber depositado en término los montos retenidos en concepto de Ganancias, IVA y aportes a la Seguridad Social durante los períodos fiscales de 2024 y 2025. La acusación contra ellos sostiene que las omisiones se realizaron a pesar de que la institución contaba con fondos suficientes colocados en plazos fijos para afrontar dichas obligaciones tributarias.
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