//
La representante republicana por Florida María Elvira Salazar volvió a defender la Ley de Dignidad (Dignity Act), una iniciativa bipartidista que propone cambios al sistema migratorio de Estados Unidos. El proyecto contempla un programa para regularizar el estatus de ciertos inmigrantes indocumentados, además de medidas sobre seguridad fronteriza, asilo, empleo y protección para los llamados “dreamers”.
María Elvira Salazar reafirma su respaldo a la Ley de Dignidad
De acuerdo con Salazar, la propuesta ha ganado espacio en el debate público gracias a su presencia en cientos de publicaciones y menciones en medios de comunicación de alcance nacional, estatal y local. La legisladora sostuvo que esa difusión refleja el interés por encontrar una respuesta legislativa al funcionamiento actual del sistema migratorio.
En ese contexto, la congresista afirmó en un comunicado que la ley reunió apoyos de distintos sectores de la sociedad. Entre ellos mencionó organizaciones religiosas, empresarios, agricultores, educadores, alcaldes y veteranos, quienes coinciden en la necesidad de “arreglar el sistema de inmigración estadounidense, que está obsoleto“.
¿Qué propone la Ley de Dignidad?
La iniciativa, registrada en el Congreso como H.R. 4393 y presentada el 15 de julio de 2025, plantea una reforma basada en varios ejes. Entre ellos se encuentran:
- El fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur
- La actualización del sistema de asilo
- La protección del mercado laboral estadounidense
- La creación de un mecanismo de regularización para inmigrantes que cumplan condiciones específicas
Uno de los puntos centrales es el denominado “Programa de Dignidad”, diseñado con una duración de siete años. Quienes sean aceptados obtendrían protección frente a la deportación y autorización para trabajar y viajar dentro del marco legal, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la propuesta.
Para acceder al programa, los solicitantes deberán registrarse ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), presentar información biométrica, superar verificaciones de antecedentes y no contar con historial criminal. Además, deberán mantenerse al día con sus obligaciones tributarias y realizar pagos de restitución durante el período previsto.
Financiamiento, dreamers y cambios en el sistema de asilo
El proyecto establece que los participantes del Programa de Dignidad aporten un total de US$7000 distribuidos a lo largo de siete años. Esos recursos serían destinados al American Worker Fund, un fondo orientado a la capacitación y actualización laboral de trabajadores estadounidenses. La propuesta también contempla un gravamen del 1% sobre los ingresos de los beneficiarios para cubrir los costos del programa, sin recurrir a fondos públicos.
La legislación incorpora disposiciones para los beneficiarios de DACA. En estos casos, se plantea la posibilidad de acceder a un estatus de residencia permanente condicional durante diez años, con la opción de avanzar posteriormente hacia la residencia permanente y, si cumplen los requisitos establecidos, solicitar la ciudadanía estadounidense.
Otro apartado modifica el sistema de asilo mediante la creación de campus humanitarios en la frontera sur. Allí permanecerían los solicitantes mientras sus expedientes son analizados en un plazo estimado de 60 días. La propuesta busca reemplazar el esquema conocido como “captura y liberación” por un procedimiento con resolución más rápida.
Seguridad fronteriza y el futuro del proyecto en el Congreso
En materia de control migratorio, la Ley de Dignidad incluye el despliegue de tecnología para la vigilancia de la frontera, como radares, drones y sensores, además de infraestructura física y un incremento del personal de la Patrulla Fronteriza. También establece la implementación obligatoria del sistema E-Verify para verificar la elegibilidad laboral de los trabajadores en todo el país norteamericano.
Salazar sostuvo que el proyecto no representa una amnistía, sino un mecanismo basado en el cumplimiento de requisitos, el pago de impuestos y la permanencia dentro del marco legal. La legisladora consideró que la propuesta ofrece una alternativa para abordar la situación de millones de inmigrantes sin abandonar las políticas de control fronterizo.
“Si queremos seguir siendo el ejército número uno del mundo, necesitamos seguir siendo la economía número uno del mundo. Y si no tenemos manos para hacer que esa economía crezca, no estoy segura de cómo vamos a lograrlo”, dijo durante una conferencia de prensa en abril. “Cubriremos y protegeremos a cada uno de los estadounidenses, independientemente de su afiliación política”, señaló.
Para convertirse en ley, la iniciativa todavía debe completar el proceso legislativo federal. Primero necesita ser aprobada por la Cámara de Representantes, luego por el Senado y, finalmente, recibir la firma del presidente de EE.UU.
