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El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía bajo jurisdicción federal. La medida, dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026 y publicada este lunes en el Boletín Oficial, mantiene vigente el régimen excepcional establecido en diciembre de 2023 con el objetivo de continuar el proceso de reorganización del sistema energético y de adecuación del mercado eléctrico mayorista.
La norma extiende la emergencia declarada por el Decreto 55/2023, que ya había sido prorrogada en dos oportunidades, y establece que continuará aplicándose con el mismo alcance hasta fines de 2027. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que persisten las condiciones técnicas, operativas, económicas y regulatorias que motivaron su implementación inicial y que todavía resulta necesario preservar herramientas extraordinarias para garantizar el funcionamiento del sistema.
Entre los principales argumentos, el Ejecutivo señaló en la normativa que el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) aún se encuentra en desarrollo y requiere un marco regulatorio estable para completar las reformas previstas. Además aclaró que durante los últimos años se avanzó en la recomposición de la cadena de pagos, la actualización de los precios estacionales, la reducción de subsidios generalizados, la incorporación de mecanismos de confiabilidad y la implementación de nuevas reglas para el funcionamiento del mercado, aunque esas medidas todavía atraviesan una etapa de transición.
El Gobierno también fundamentó la decisión en la necesidad de coordinar las políticas aplicadas al sistema eléctrico con las que rigen para el transporte y la distribución de gas natural. En ese sentido, marcó que la emergencia en ese sector ya fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027 y sostuvo que ambos mercados mantienen una fuerte interdependencia debido a que el gas natural constituye el principal insumo para buena parte de la generación termoeléctrica.
También sostuvo que mantener plazos diferentes entre ambos regímenes podría generar desfasajes regulatorios y operativos que afectarían la seguridad del abastecimiento energético. Por ese motivo, el Ejecutivo resolvió unificar el horizonte temporal de ambas emergencias y preservar las facultades regulatorias de la Secretaría de Energía durante el período de transición.
Según explicó el Gobierno en la normativa, durante 2025 el sistema eléctrico registró un margen de reserva operativa cercano al 4,4% frente al pico anual de demanda de potencia, un nivel que considera insuficiente para afrontar contingencias. También indica que el parque generador presenta un elevado grado de envejecimiento, que parte de la infraestructura de transporte opera con márgenes reducidos y que numerosas estaciones transformadoras superan el 90% de utilización.
Otro de los puntos desarrollados en los fundamentos es la continuidad del proceso de reducción gradual de la diferencia entre el precio estacional abonado por los usuarios y el costo de abastecimiento del mercado mayorista. El decreto sostiene que esa política deberá coordinarse con el esquema de subsidios energéticos focalizados para avanzar hacia un sistema económicamente sostenible.
El Gobierno afirmó que una interrupción del régimen excepcional podría provocar discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, pérdida de previsibilidad para los agentes del mercado y mayores riesgos para la continuidad del servicio eléctrico. A su vez, destacó que el inminente vencimiento de la emergencia vigente (que tenía vigencia hasta el 9/7/2026) impedía esperar el trámite legislativo ordinario y justificó el dictado de un decreto de necesidad y urgencia para extender el régimen.
