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Por Fernando Oz
Soberanía y federalismo fueron las palabras que más utilizaron para defender su postura tanto quienes están a favor como los que están en contra de la polémica reforma de la Ley de Tierras. El debate dejó al descubierto, una vez más, la incapacidad del Estado y la hipocresía de quienes deben custodiar un territorio perforado.
En el Senado de la Nación, los hilos de la Realpolitik se mueven con la habitual soltura de las transacciones sin mucha convicción. Hasta el momento, diversas fuentes coinciden en apostar a que el senador de Encuentro Misionero, Carlos Arce, acompañará la iniciativa impulsada por Javier Milei, que busca eliminar o flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros: el punto central y más candente del debate.
Por su parte, Sonia Rojas Decut mantendría sus reservas frente a ese punto en particular; se especula con que rechazaría el articulado sobre extranjerización, aunque respaldaría el proyecto en general. También se cree que la senadora estaría evaluando la conformación de un monobloque que responda de manera directa al gobernador Hugo Passalacqua. Un quiebre que desde algunos sectores de la oposición es visto como un “desencuentro” táctico.
El mandatario se reunió esta semana con los senadores y les pidió que voten en contra. Un gesto que no tiene antecedentes en lo que va su gestión. De acuerdo con los registros de votación y las actas de sesiones parlamentarias del Honorable Senado de la Nación, los senadores misioneros que integran la representación oficialista provincial vienen manteniendo una postura de apoyo estratégico e integral a las principales iniciativas normativas y paquetes de leyes enviados por la Casa Rosada —desde la Ley Bases hasta el Paquete Fiscal—.
Del otro lado de la calle, Martín Goerling Lara ya anunció su apoyo abierto y explícito al proyecto de Milei, posicionándose en la vereda opuesta a la gestión de Passalacqua y a más de sesenta intendentes de la provincia que alzaron la voz en solicitadas públicas. El senador del PRO cargó con dureza contra el oficialismo provincial y los jefes comunales, acusándolos de “desinformar y mentir a la población” mediante un libreto que calificó como un simple relato de entrega de patria.
Goerling Lara, presidente del bloque del partido de Mauricio Macri en la Cámara alta y especialista en relaciones internacionales, marcó con precisión la contradicción de la coyuntura actual: afirma que, aun con la ley vigente, Misiones padece focos alarmantes de alta concentración de tierras en bolsas foráneas. No se equivoca cuando señala que ya existen departamentos de frontera donde cerca del 40% del suelo está bajo el control de multinacionales, fondos de inversión y firmas transnacionales como la chilena Arauco.
Resulta difícil no sentir una punzada de ironía. Ahora, algunos voceros del oficialismo provincial se rasgan las vestiduras en nombre de la soberanía nacional, cuando durante décadas miraron para otro lado mientras se consolidaba la concentración del monocultivo de pino y la paulatina extranjerización de la región ribereña en la cuenca del Paraná. Reconozco que me da cierta gracia ver cómo el pulcro Goerling Lara, con sus On Running modelo On Cloud 5 y su blazer de Sastrería González, corre por izquierda a quienes ejercen el “misionerismo” al desnudar los datos del terreno, pero se me borra la sonrisa de inmediato cuando observo que, de un lado y del otro, lo que predomina es una amnesia interesada.
Misiones padece una vulnerabilidad geográfica estructural que no admite improvisaciones: más del 90% de sus límites son fronteras internacionales con Brasil y Paraguay. La Ley N° 26.737 de Tierras Rurales estableció una restricción taxativa para la posesión por parte de extranjeros en estas zonas de seguridad. El riesgo de barrenar o flexibilizar esos topes nacionales es evidente: se abre de par en par la puerta a la adquisición masiva de franjas fronterizas sensibles por parte de capitales concentrados y sociedades offshore, diluyendo el control efectivo del Estado sobre los recursos más estratégicos del país.
Cuando la tierra deja de ser el sostén productivo del colono y pasa a ser un activo financiero en el portafolio de un fondo de inversión, la consecuencia inmediata es el quiebre del arraigo agrario y el acorralamiento de la familia minifundista. Si las autoridades de control bajo la norma vigente no pudieron poner freno a la silenciosa extranjerización de nuestro suelo, ¿quién nos garantiza el resguardo de lo más preciado que alberga la Selva Paranaense: las reservas de agua dulce del Acuífero Guaraní y nuestra biodiversidad?
Los datos fríos son contundentes y desarman cualquier discurso de ocasión. Misiones se ubica entre las provincias con mayor porcentaje de extranjerización relativa del país, registrando más del 11% de sus tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas foráneas, lo que equivale a más de 325.000 hectáreas. Si bien el promedio provincial se ubica técnicamente por debajo del techo legal del 15%, los informes del Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA revelan que la distribución territorial es profundamente desigual.
Cinco departamentos misioneros ya perforaron la barrera legal: el caso más drástico es el del departamento Iguazú, que registra un 40% de suelo extranjerizado; le siguen Montecarlo con un 18%, Libertador General San Martín con el 17%, y Eldorado junto con Concepción, ambos rozando el 16%. Frente a esta realidad, la maraña burocrática de la fiscalización estatal parece más una escenografía que un dique de contención real.
La primera puerta que debe tocar cualquier inversor extranjero para adquirir una parcela rural es la del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un organismo que opera en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación y que trabaja en articulación con la Secretaría de Agricultura. Ellos son los encargados de emitir el Certificado de Habilitación previo a la firma de cualquier escritura pública y de auditar que no se superen los topes por nacionalidad o por departamento.
A esa estructura se suma la fiscalización en las áreas de frontera, donde interviene el Ministerio del Interior (ahora bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete) y el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías para otorgar la conformidad previa. Una enorme burocracia que evidentemente no cumple muy bien su tarea.
Pero en el Cantón, tal como está la normativa actual, también están las firmas de la inoperancia. En el ámbito provincial, la articulación exige la participación del Registro de la Propiedad Inmueble de Misiones, encargado de inscribir los títulos y reportar las novedades a la Nación.
En definitiva, todo un andamiaje administrativo diseñado en los papeles para custodiar la soberanía que, en la práctica, ha mostrado grietas insondables. No son gendarmes desbordados por la inmensidad del monte, ni prefecturianos imposibilitados de moverse por el río por falta de combustible, tampoco es la culpa del capitán Gutiérrez, jefe de una compañía de comunicaciones del ejército que hace meses no sale al terreno para operar su radar RACIT en la frontera. Son los burócratas de saco y corbata que atienden desde oficinas con el clima a tiro de control remoto los que firman los papeles del representante del fondo extranjero.
Desde la Casa Rosada y sectores aliados se esgrime que la reforma busca una “devolución de potestad a las provincias”, bajo la premisa de que la flexibilización nacional no obliga a vender y que los gobiernos locales mantendrán la facultad de fijar sus propios regímenes o hacer valer los controles de frontera. Sin embargo, en una provincia acorralada por necesidades presupuestarias y compromisos políticos, esa delegación suele transformarse en un espejismo.
La discusión sobre la Ley de Tierras expone a Misiones sin filtros. Mientras la narrativa oficialista intenta embanderarse en la defensa del federalismo y el patrimonio natural, la geografía real demuestra que las cuencas hídricas y los corredores fronterizos más cotizados ya están al borde o por encima de los límites permitidos. No se trata de un debate abstracto sobre la atracción de inversiones o la libertad de mercado; se trata de comprender que, si el Estado renuncia a su función de gendarme territorial, la soberanía pasa a ser simplemente una mercancía de remate, más en una frontera sin controles efectivos.
