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El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) propuso eliminar la asistencia prorrateada que actualmente reciben determinadas familias de estatus migratorio mixto. Si la regla entra en vigor, los hogares en los que vive una persona sin ciudadanía o estatus migratorio elegible podrían perder el subsidio.
Nuevas políticas migratorias afectan a la vivienda
La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto explicó en Univision qué consecuencias podría tener la propuesta para las familias que comparten una vivienda subsidiada con una persona que no reúne los requisitos migratorios exigidos por HUD.
Actualmente, las familias mixtas pueden recibir asistencia prorrateada: el subsidio se calcula únicamente con base en los integrantes que acreditan ciudadanía o un estatus migratorio elegible.
Nieto explicó que, si dos integrantes de una familia de tres personas cumplen los requisitos, la ayuda se reduce de manera proporcional y no cubre al miembro no elegible.
Ahora, la nueva propuesta establece que todos los miembros del hogar deberán acreditar ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio elegible para continuar recibiendo asistencia. En su versión publicada, las familias mixtas dejarían de tener acceso permanente al beneficio prorrateado.
Si la propuesta se convierte en regla definitiva, los hogares afectados podrían tener que retirar de la vivienda subsidiada al integrante no elegible, renunciar a la asistencia o mudarse juntos. La norma no ordenaría por sí misma una deportación ni obligaría a la persona a abandonar Estados Unidos.
La recomendación de la abogada es que las familias busquen asesoría para encontrar alternativas y puedan continuar en su hogar si perder la asistencia. También dijo que aquellos migrantes que ya regularizaron su situación y cuentan con documentos como permisos de trabajo deben actualizar sus datos ante el HUD.
Proponen que indocumentados ya no puedan acceder a viviendas subsidiadas
El HUD impulsa un plan para que las personas indocumentadas no puedan acceder a viviendas subsidiadas por el gobierno federal. Al respecto, la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes (PIF, por sus siglas en inglés) alertó que la política desalojaría no solo a migrantes sin estatus legal, sino también a personas con permisos y ciudadanos estadounidenses.
La coalición recordó que a las personas indocumentadas ya se les niegan los subsidios de vivienda. La política actual estipula que cuando una familia califica para un subsidio, pero incluye a un miembro que no cumple con los requisitos debido a su estatus migratorio, el beneficio se reduce proporcionalmente.
La intención ahora es que los indocumentados no puedan habitar viviendas subsidiadas, lo que, en opinión de especialistas, representa un importante riesgo, en especial dada la crisis de vivienda asequible que se vive en todo EE.UU.
Los migrantes enfrentan cada vez más restricciones de beneficios públicos
A partir de la implementación de la Ley One Big Beautiful Bill Act en 2025 se restringió o eliminó el acceso a múltiples beneficios públicos para diversas categorías de migrantes. El centro de estudios estadounidense Brookings señala cuáles son algunas de las asistencias a los que diferentes grupos ya no tienen derecho:
- SNAP (Cupones de alimentos), Medicaid y Medicare: se restringieron principalmente a residentes legales permanentes, cubanos, haitianos y ciudadanos de naciones con Pactos de Libre Asociación.
- Créditos fiscales del Seguro Médico (ACA): se eliminó la elegibilidad para personas con ingresos por debajo del 100% del nivel de pobreza que antes calificaban por no poder acceder a Medicaid debido a su estatus migratorio.
- Crédito Tributario por Hijos: los niños ciudadanos estadounidenses ya no califican si el padre no posee un Número de Seguro Social válido para trabajar.
- Beneficios de “Vida o Seguridad”: el Departamento de Justicia (DOJ) determinó en julio de 2025 que ya no considerará ningún programa como necesario para la “protección de la vida o la seguridad”, lo que deja a los inmigrantes no calificados, como los beneficiarios de DACA y TPS, sin acceso a asistencia para personas sin hogar y refugios; servicios para víctimas de violencia doméstica o abuso infantil; bancos de alimentos comunitarios y comedores populares; tratamiento para enfermedades mentales o abuso de sustancias; programas de salud, educación y trabajo.
