Dos suboficiales de la Policía de Misiones fueron detenidos este miércoles 2 de septiembre en Puerto Iguazú y apartados de la fuerza, en el marco de una investigación judicial y administrativa iniciada a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en la sección Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V.

La investigación se inició luego de la denuncia presentada por un hombre que había permanecido detenido y alojado en ese sector. Según manifestó, habría sufrido malos tratos y expuso además una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento interno del lugar.

A partir de la denuncia, la Jefatura de Policía de Misiones dispuso una investigación interna con intervención de la Dirección de Asuntos Internos, que llevó adelante distintas diligencias para verificar los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Los elementos reunidos durante la investigación fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú. Paralelamente, la institución policial inició las actuaciones administrativas correspondientes respecto del personal involucrado.

Con las evidencias incorporadas a la causa, la Justicia ordenó allanamientos, secuestros y detenciones en una investigación en la que se analizan presuntos hechos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento.

Las medidas judiciales se concretaron alrededor de las 7 de este miércoles. Como resultado, fueron detenidos el sargento Rafael A., quien prestaba servicios en la Comisaría Segunda, y el agente Rodrigo A., perteneciente al Comando Radioeléctrico de Puerto Iguazú.

Durante los procedimientos también fueron secuestrados los teléfonos celulares de ambos efectivos, que serán incorporados a la investigación como elementos de interés.

Los dos suboficiales quedaron detenidos a disposición del magistrado interviniente. Además, por disposición de la Jefatura de Policía, fueron inmediatamente apartados de la institución mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas.

La investigación busca determinar el alcance de los hechos denunciados y establecer si existen otras responsabilidades.

Desde la Jefatura de Policía señalaron que la intervención se encuadra en la política institucional de tolerancia cero frente a conductas que se aparten de la ley y de los deberes de la función policial, aun cuando las presuntas irregularidades involucren a integrantes de la propia fuerza.