La decisión de la Administración de Parques Nacionales de exigir el pago de un canon superior a los $4 millones mensuales a Remises Ecología, empresa que presta servicios desde el Hotel Gran Meliá (antes Hotel Internacional), generó una fuerte preocupación entre los trabajadores, quienes aseguran que el monto resulta imposible de afrontar y pone en riesgo la continuidad laboral de 18 familias de Puerto Iguazú.

Se trata de una actividad que no comenzó ahora. Remises Ecología trabaja desde hace décadas vinculada al establecimiento hotelero ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú, actualmente denominado Gran Meliá y anteriormente conocido como Hotel Internacional y luego Sheraton.

Omar Rodríguez, uno de los trabajadores afectados, asegura que lleva 36 años desarrollando esa actividad en el lugar.

Durante todo ese tiempo, según explicó, la empresa abonó el alquiler correspondiente al espacio utilizado dentro del hotel, pero nunca había tenido que afrontar un cargo de estas características por parte de Parques Nacionales.

Ahora la situación cambió y los números encendieron las alarmas entre los trabajadores.

La propuesta administrativa establece como “derecho mensual de explotación” una suma equivalente a 70 Derechos de Acceso correspondientes a la Tarifa General del Parque Nacional Iguazú.

Considerando una tarifa general de $60.000, el monto representa actualmente $4.200.000 mensuales.

A esa cifra se agrega una contraprestación anual equivalente a otros 140 Derechos de Acceso, que sería entregada mediante equipamiento, herramientas, indumentaria o insumos informáticos.

A valores actuales, esa obligación adicional representaría aproximadamente $8,4 millones anuales.

De mantenerse durante doce meses los valores utilizados como referencia, la carga económica total podría superar los $58 millones anuales.

“PARA NOSOTROS ES IMPOSIBLE”

Para quienes viven diariamente de los viajes realizados desde el hotel, semejante cifra aparece muy lejos de la realidad económica que atraviesa actualmente el sector.

“Para nosotros es imposible, imposible”, resumió Rodríguez.

Pero detrás de la discusión administrativa hay una cuestión mucho más concreta: los puestos de trabajo.

“Somos 18 familias acá dependiendo de este trabajo”, remarcó.

Los remiseros aseguran que el reclamo llega además en un momento especialmente complicado para la actividad.

La caída del movimiento, la competencia creciente de las aplicaciones de transporte y los costos necesarios para mantener y renovar los vehículos fueron reduciendo los márgenes de quienes trabajan en el sector.

Muchos de ellos, además, debieron realizar inversiones y asumir compromisos económicos para contar con unidades acordes a las exigencias propias de un servicio vinculado a un hotel de categoría internacional.

En ese escenario aparece ahora una obligación superior a los $4 millones mensuales.

Según Rodríguez, la exigencia comenzó aproximadamente dos meses atrás y hasta el momento no pudieron hacer frente al pago.

“Bajó mucho el movimiento y no podemos pagar esto”, señaló.

“NO SE PUEDEN DECIDIR LAS COSAS EN UNA OFICINA”

El trabajador también cuestionó que una decisión con semejante impacto económico pueda adoptarse sin contemplar la realidad concreta de quienes desarrollan la actividad diariamente en Puerto Iguazú.

“No se pueden decidir las cosas nomás en una oficina de Buenos Aires”, expresó.

Los afectados reclaman que el monto sea revisado antes de que la situación termine haciendo inviable la continuidad del servicio.

La preocupación no pasa por una proyección futura o una discusión abstracta. Para los remiseros, el problema está planteado ahora: sostienen que sencillamente no cuentan con capacidad económica para afrontar una obligación mensual de semejante magnitud.

Rodríguez resumió su vínculo con el lugar recordando que prácticamente toda su vida laboral transcurrió allí.

“Yo nací en Iguazú. Viví toda mi vida prácticamente trabajando acá, dentro del Parque”, expresó.

18 FAMILIAS DETRÁS DEL CONFLICTO

Después de décadas desarrollando la actividad, los trabajadores de Remises Ecología se encuentran ahora frente a un escenario que aseguran no poder sostener económicamente.

Y detrás de los expedientes, resoluciones, derechos de explotación y cálculos tarifarios existe una realidad mucho más sencilla: 18 familias dependen de esos puestos de trabajo.

Por eso los remiseros reclaman una revisión y una salida que les permita continuar con su actividad.

Si la exigencia superior a los $4 millones mensuales se mantiene en los términos actuales, advierten que su fuente laboral podría quedar seriamente comprometida.

Para ellos, la discusión ya no pasa solamente por un canon.

Pasa por poder seguir trabajando.

Fuente: diario Primera Edición.