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En una charla con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Agustín Báez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP). Explicó que el gremio acompaña a los trabajadores cubriendo sus necesidades basicas y siguiendo el proceso judicial, aunque reconoció que todavía no se tiene certeza sobre cuándo podrían cobrar los salarios y las indemnizaciones pendientes.
El dirigente reconoció que el cierre de la empresa tuvo un impacto que se mantiene presente, incluso dentro del sindicato, donde dice que se refieren a los afectados como “los trabajadores de Linor. Parece que nunca terminamos de caer en la cuenta de que esa empresa cerró y que los trabajadores se quedaron sin empleo”. La organizacion mantiene la asistencia alimentaria y el acompañamiento a aquellos que aún no pudieron hallar empleo tras el cierre.
En esta situación, Báez contó que los exempleados organizaron un comedor en Azara para atender las necesidades de quienes permanecen desocupados. El sindicato colaboró con la compra de una olla y continúa aportando mercadería para la preparación de las comidas diarias. Además, entrega módulos alimentarios de manera periódica y realiza gestiones vinculadas con los problemas de salud de los afectados. La situación se agravó aún más con la finalización de las tareas de cosecha de yerba mate, una actividad a la que algunos trabajadores habían recurrido como alternativa laboral tras el cierre del aserradero. Según explicó Báez, durante septiembre esas labores se interrumpieron, lo que dejó nuevamente sin ingresos a quienes habían logrado sostenerse mediante trabajos temporarios.
Además, sobre la cantidad de personas que permanecen en la localidad, indicó que actualmente menos de la mitad de los aproximadamente 130 trabajadores continuan en la zona. Parte de los más jóvenes se trasladaron a Corrientes o Brasil para desempeñarse en actividades rurales, aprovechando su movilidad y juventud, en contraste con quiénes tienen mayor edad y responsabilidades familiares.
“Hoy el trabajador que supera los 40 o 45 años ya es viejo para el mercado laboral”, se lamentó Báez, al señalar que esas personas se encuentran en una situación muy difícil, ya que ademas de los obstáculos para conseguir una nueva ocupación, tampoco reúnen las condiciones para acceder a la jubilación.
Con el fondo de desempleo no alcanza
El dirigente confirmó que los trabajadores lograron completar los trámites para acceder al fondo de desempleo y mantener la cobertura de la obra social maderera, con el acompañamiento del sindicato, la ANSeS y la Municipalidad de Azara. Según explicó, los exempleados se trasladaban en grupos de aproximadamente 25 personas en colectivos facilitados por el municipio para realizar las gestiones correspondientes, mientras que la organización sindical intervino ante el organismo nacional para agilizar la atención y garantizar tanto la prestación económica como la continuidad de la cobertura sanitaria. Actualmente, de acuerdo con los montos mencionados por Báez, los trabajadores perciben alrededor de 300.000 pesos en concepto de fondo de desempleo, una suma que consideró insuficiente para afrontar los gastos básicos de una familia.
“Es una ayuda mínima. Hoy ese dinero ni siquiera alcanza para cubrir una canasta básica, ni llega al salario mínimo, vital y móvil”, sostuvo.
Báez advirtió que las consecuencias del cierre no se limitan a las dificultades económicas, sino que también afectan la salud emocional de los trabajadores y sus familias. En ese sentido, señaló que el sindicato recibe llamados de personas que atraviesan situaciones de angustia y estrés ante la imposibilidad de conseguir empleo, debido a los meses de búsqueda sin resultados. Además, recordó que durante los momentos más críticos del conflicto, algunos trabajadores llegaron a atravesar situaciones extremas, al punto de considerar quitarse la vida, como consecuencia de las deudas y la desesperación.
“Perder un empleo no es simplemente perder un empleo y nada más. Detrás de eso está la familia, está el ingreso y está la remuneración que uno recibe a cambio de su trabajo. Esa remuneración tiene que ser suficiente para cubrir las necesidades básicas. Cuando uno pierde el empleo, pierde todas esas cosas, pierde oportunidades y pierde tranquilidad”, reflexionó.
Deudas salariales e indemnizaciones pendientes tras el cierre
Tras el cierre de Linor, Baéz señaló que aún permanecen pendientes diversas obligaciones laborales con los trabajadores despedidos. Según explicó, la empresa adeuda las últimas tres quincenas de trabajo y el pago de las vacaciones, además de las indemnizaciones correspondientes por despido. No obstante, aclaró que el sindicato todavía no cuenta con una cifra global definitiva que permita dimensionar el total de la deuda. “Una cifra exacta no tengo. Hay trabajadores que tienen muchos años de antigüedad y seguramente hay sumas importantes para cobrar. Algunos posiblemente tengan que cobrar 15 millones de pesos, otros 10 millones. Todo depende de la antigüedad que tenían en la empresa”, declaró.
Báez precisó que la empresa contaba con 99 trabajadores registrados y alrededor de 30 empleados que realizaban sus tareas sin una relación laboral formal. Esta situación comenzó a derivar también en reclamos judiciales individuales. Al respecto, el dirigente defendió el derecho de los trabajadores no registrados a exigir las sumas que les correspondan, pese a que la empresa no hubiera regularizado sus vínculos laborales.
“Un trabajador no registrado no deja de ser trabajador. Simplemente es discriminado por el sistema y por el empresario”, afirmó.
La resolución judicial conocida este viernes representa un avance para los reclamos laborales pendientes. El Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Posadas ordenó a la sindicatura elaborar un informe individual de cada trabajador, en el que se detalle la existencia del vínculo laboral, las fechas de ingreso y desvinculación, los salarios adeudados, las indemnizaciones correspondientes y la clasificación de los créditos dentro del proceso de quiebra. Este relevamiento permitirá determinar las deudas laborales y establecer su tratamiento legal en el marco del concurso, aunque no implica una garantía de cobro. Para que los trabajadores puedan percibir las sumas reclamadas, será necesario identificar los bienes disponibles de la empresa y avanzar con las distintas etapas del procedimiento judicial.
El reclamo laboral avanza en la Justicia, a la espera de definiciones
Sobre el acceso a la resolución de quiebra y el seguimiento de las actuaciones judiciales, Báez explicó que la mayoría de los trabajadores cuenta con el patrocinio del abogado del sindicato, aunque otros decidieron recurrir a profesionales particulares. Para mantenerlos informados, los exempleados hicieron un grupo en Whatsapp, a través del cual, el representante legal del gremio comunica las novedades del expediente y explica las medidas que se van tomando.
Báez destacó que el acompañamiento sindical es fundamental para brindar contención y reducir la incertidumbre de las familias, que llevan varios meses esperando respuestas concretas sobre el cobro de las deudas laborales pendientes. “Nosotros pusimos a disposición al abogado del sindicato para que se ocupe de mantenerlos informados y acompañarlos en toda la parte legal. Creo que es importante que los trabajadores se queden tranquilos y sepan que cuentan con ese acompañamiento”, señaló.
Tambien dijo que esperan que “la Justicia, en la medida de lo posible, vaya dictando resoluciones para que, de una vez por todas, los trabajadores puedan cobrar por lo menos lo que les corresponde. Eso es lo más justo y lo más digno”, aunque, dejó en claro que los plazos del proceso no dependen del sindicato.
La situación de los bienes y la posibilidad de reabrir la planta
La orden de incautación de los bienes de Linor plantea otro interrogante: qué patrimonio permanece dentro del establecimiento y si eventualmente podría surgir una alternativa para recuperar la actividad productiva. Báez expresó su deseo de que aparezca una empresa interesada en retomar el funcionamiento de la planta y generar nuevamente puestos de trabajo, pero admitió que no tiene información concreta sobre posibles inversores ni sobre una propuesta de reactivación.
La orden de incautación de los bienes de Linor también abre interrogantes sobre el patrimonio que permanece en el establecimiento y las posibilidades de recuperar la actividad productiva. En ese contexto, Báez manifestó su deseo de que surja una empresa interesada en reactivar la planta y generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, no cuenta con información concreta sobre posibles inversores ni sobre propuestas para retomar la producción.
Con esa incertidumbre como protagonista, dió versiones sobre presuntos daños y robos ocurridos en el predio después de que dejara de funcionar el aserradero. Según indicó, durante un período hubo seguridad privada, pero luego el lugar se habria quedado sin ningún tipo de vigilancia. “En un momento la empresa tenía seguridad, pero después ya no quedó nadie. Por lo que se comentaba, en el sector donde estaban las oficinas entraron personas y rompieron todo”, relató.
Además, el sindicato había solicitado la intervencion de una escribana para realizar un inventario de los bienes existentes, al recordar que en el establecimiento se podían hallar camionetas y vehículos utilitarios registrados a nombre de la firma.
“Yo no sé qué puede haber quedado para incautar allá”, reconoció.
La administracion de Linor, foco de las críticas
Más allá del complejo escenario que atraviesa la industria maderera, Báez atribuyó el cierre de Linor principalmente a decisiones administrativas y empresariales que, según su interpretación, podrían haberse evitado. El dirigente sostuvo que el establecimiento mantenía su actividad productiva y contaba con una importante cartera de clientes, por lo que cuestionó que la empresa terminara cerrando sus puertas tras acumular deudas y afrontar conflictos judiciales. En ese sentido, señaló que los trabajadores que se desempeñaban diariamente en la planta podían observar un nivel significativo de funcionamiento, una situación que, a su entender, contrastó con el desenlace que finalmente tuvo la firma.
“Era una empresa que trabajaba bien, normalmente, que tenía una cartera de clientes muy importante. Cualquiera que pasaba frente a la planta podía verificar que era un aserradero que trabajaba normalmente y a pleno”, aseguró.
Báez aclaró que el sindicato intentó intervenir para evitar que la empresa cierre y colaboró para hallar una salida, pero sostuvo que las propuestas no encontraron una respuesta favorable de la conducción empresarial.
“Todo lo que sucedió fue producto de una mala administración, sumada a caprichos de un empleador que se cerraba en sí mismo. Todo lo que intentamos hacer para ayudarlo y evitar que la empresa terminara en el abismo, evidentemente, no alcanzó”, cuestionó el cierre de la empresa al recordar que Linor había recibido asistencia y créditos del Estado provincial. Además, criticó a los empresarios que, desde su perspectiva, continuaron justificando las decisiones de Lorenzo incluso después del cese de actividades y de las consecuencias que dejó para los trabajadores.
“No me sorprende que entre colegas, que quizás tengan la misma forma de actuar, se defiendan entre ellos. Pero acá nadie se preocupa por el trabajador, que fue el que más perdió”, sostuvo.
Báez reconoció que la industria maderera atraviesa dificultades debido a los costos de la energía, la logística, la carga impositiva y la competencia de productos provenientes de Brasil y Paraguay. También señaló que las condiciones cambiarias y la necesidad de recuperar el mercado interno son factores que afectan la rentabilidad de numerosas empresas del sector. No obstante, aclaró que, tras el cierre de Linor, el sindicato no registró suspensiones masivas ni despidos generalizados en los aserraderos que recorre, y consideró importante distinguir esa situación del caso particular de la firma de Azara.
Explicó que, recorriendo por los establecimientos, “vemos que en las playas, que es como llamamos al sector donde se descargan los rollos de madera, hay mucha materia prima. Vemos las chimeneas funcionando y los trabajadores trabajando”, desde esa apreciación, considero que el sector continúa sosteniendo actividad pese a las dificultades generales, y mencionó un aumento de las exportaciones, pero sin aportar cifras.
Según el dirigente, hay una clara diferencia entre aquellas empresas que afrontan problemas economicos buscando alternativas para cuidar los puestos de trabajo, y aquellas que su propia administración terminan profundizando la crisis hasta el punto de que el cierre sea inevitable
En ciertos establecimientos, se estan evaluando o negociando reducciones minimas de jornada para evitar despidos, mientras otros continúan trabajando a pleno, indicó. “Tenemos empresarios que son ordenados, que están haciendo un esfuerzo enorme y que trabajan jornadas de 10 u 11 horas, a pleno, exportando. Obviamente, también reclaman que hay cosas que mejorar, pero en definitiva están trabajando”, aseguró.
Báez dijo que el gremio se mantiene en estado de alerta y permanentemente recorren las empresas, con el objetivo de acompañar reclamos laborales y para evitar que con la situación económica como excusa, se tomen medidas que considera injustificadas.
Piden medidas para fortalecer y sostener la industria
Si bien diferenció el caso de Linor al observar la actividad en otros aserraderos, Báez advirtió sobre el complejo escenario económico nacional y mencionó el cierre de empresas dentro y fuera de Misiones. Para ejemplificar, citó lo sucedido con firmas como Dass, Musimundo, Fate y Granja Tres Arroyos, al considerar que las dificultades que atraviesan estas firmas y sus consecuencias laborales reflejan una problemática que va más allá de la industria forestal.
Sin embargo, destacó que el sector maderero misionero aún mantiene establecimientos activos y capacidad productiva, por lo cual considera que es necesario promover políticas que posibiliten sostener y expandir esa actividad. Especificamente, reclamó por medidas nacionales que sean destinadas a recuperar el mercado interno, además de de mejorar las condiciones de competitividad y favorecer nuevas inversiones que generen empleos.
Para finalizar, sostuvo que “depende del Gobierno nacional, que tiene que tomar medidas. Hoy, desde mi punto de vista, el Gobierno no está prestando atención a algo tan importante como la industria, sino a unos pocos sectores que generan dólares”.
Mientras el sindicato insiste en la necesidad de implementar medidas que permitan sostener la actividad maderera en la provincia, la situación de los exempleados de Linor continúa siendo una de sus principales preocupaciones. Para los trabajadores que permanecen sin empleo en Azara, la declaración de quiebra representa un avance en el proceso judicial, aunque todavía no garantiza el cobro de las deudas laborales ni la posibilidad de recuperar una fuente estable de ingresos.
