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La Cámara de Representantes de Misiones sancionó una ley de promoción de inversiones productivas que contempla beneficios impositivos de hasta el 100%, vinculados al impacto de cada proyecto en la economía provincial. Al fundamentar la iniciativa, la diputada Paula Franco sostuvo que el objetivo es atraer nuevas empresas y acompañar a las que ya producen en la provincia para que puedan ampliar, modernizar o transformar su actividad.
Franco enmarcó la propuesta en el deterioro del empleo privado. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino que citó durante su intervención, Misiones perdió más de 12.700 puestos de trabajo privados registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2026. En el sector industrial, señaló que se perdieron casi 2.300 empleos formales entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, una caída superior al 10%.
“No se trata solamente de que una empresa se instale o una empresa amplíe su producción”, expresó la legisladora. Planteó que las inversiones deben traducirse en trabajo para los misioneros, contratación de proveedores locales, incorporación de tecnología y agregado de valor a las materias primas.
El régimen alcanza tanto a nuevos proyectos como a empresas en funcionamiento que busquen ampliar su capacidad productiva, modernizarse o reconvertirse. Entre las actividades contempladas se encuentran la industria manufacturera, la agroindustria, la forestoindustria, la economía del conocimiento, el turismo, la conectividad, las energías renovables, la logística y la infraestructura productiva.
Los incentivos incluyen exenciones o bonificaciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos sobre la actividad promovida, el impuesto Inmobiliario de los inmuebles afectados al proyecto, Sellos para los actos y contratos relacionados con la inversión y el impuesto Automotor correspondiente.
Los beneficios no serán automáticos. Cada proyecto deberá ser evaluado y aprobado, y los incentivos quedarán limitados a la inversión y a la actividad alcanzadas por el régimen.
Las empresas deberán acreditar inversiones efectivas en Misiones, cumplir sus obligaciones tributarias, laborales, previsionales y ambientales, y asumir compromisos verificables de ejecución. También deberán demostrar su aporte al empleo local, a los proveedores misioneros, a la innovación y a la sostenibilidad.
Para evaluar esos resultados, la ley propone un Indicador Ponderado de Impacto Misionero, con un criterio central: cuanto mayor sea la contribución del proyecto al desarrollo provincial, mayores podrán ser los beneficios.
El Ministerio de Hacienda será la autoridad de aplicación. Además, se prevé una ventanilla única para facilitar la presentación, evaluación y seguimiento de las iniciativas.
Durante su exposición, Franco realizó una aclaración sobre un video presentado en el recinto: los montos mínimos de inversión, los plazos y la metodología que aparecían en ese material correspondían al proyecto original y quedaron sujetos a la reglamentación en el dictamen. Por lo tanto, esas cifras y períodos no deben interpretarse como condiciones definitivas de la ley sancionada.
La diputada reclamó una reglamentación clara, transparente, previsible y simple. También trasladó el pedido de cámaras industriales y del sector forestal para participar de ese proceso, con el propósito de que el régimen tenga una aplicación concreta.
“Cuando se deja de recaudar, cuando se otorgan beneficios impositivos, el Estado también está invirtiendo”, afirmó Franco. Sostuvo que ese esfuerzo fiscal debe reflejarse en más producción y oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Misiones, aunque advirtió que la situación provincial también depende de las condiciones macroeconómicas.
