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La intervención de la entidad financiera, los cuestionamientos por los fondos del Instituto de Previsión Social y los vínculos comerciales del mandatario con el grupo propietario del banco alimentaron el reclamo opositor. Este jueves, Diputados analizará si reúne los votos necesarios para impulsar la acusación contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el martes 3 de noviembre iniciar un procedimiento de resolución sobre Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La medida implicó el cierre de la entidad y la suspensión de sus servicios, lo que afectó a sus aproximadamente 2,9 millones de clientes.
El caso también generó preocupación por los fondos públicos depositados en el banco, en particular los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra el sistema jubilatorio de la mayoría de los trabajadores paraguayos. Según información difundida por la oposición y medios locales, la entidad previsional mantenía allí depósitos e inversiones millonarias, lo que abrió interrogantes sobre la protección de esos recursos.
A la crisis financiera se sumaron cuestionamientos por los vínculos comerciales que Peña mantuvo con el grupo propietario de Ueno Bank. El mandatario fue accionista de Grupo Vázquez, controlador de la entidad, hasta marzo de 2025. Esa relación forma parte de los señalamientos políticos que impulsaron los legisladores opositores, aunque por sí sola no constituye una determinación de responsabilidad.
En ese escenario, legisladores de la oposición y sectores disidentes del oficialismo presentaron un pedido de juicio político contra Peña y Alliana. Entre los cuestionamientos mencionados figuran presuntos conflictos de intereses, el manejo de fondos previsionales y las responsabilidades políticas e institucionales en torno a la crisis bancaria.
Las protestas también se trasladaron a las calles de Asunción, donde ahorristas y ciudadanos reclamaron la devolución de sus depósitos y exigieron respuestas de las autoridades. Los reclamos se concentraron en los alrededores del Congreso, mientras crecía la tensión por la interrupción de los servicios bancarios y el futuro de los recursos depositados.
La Cámara de Diputados debe definir si convoca a una sesión extraordinaria para tratar los pedidos de juicio político. La reunión fue solicitada para este jueves a las diez y concentrará las negociaciones entre los distintos bloques para determinar si existen los votos necesarios para avanzar con el proceso.
Para que la acusación avance al Senado se necesita el respaldo de dos tercios de los diputados presentes. La Cámara Alta actuaría luego como tribunal y tendría a su cargo resolver sobre la eventual destitución de los funcionarios, de acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.
