//
La visita del papa León XIV a la Argentina reactivó una discusión que el Gobierno mantuvo al margen de su agenda legislativa durante casi dos años: la regulación de las apuestas online. El tema, además, ya genera diferencias dentro de su propia tropa en el Senado.
Al menos cuatro senadores de La Libertad Avanza (LLA) reclaman abrir el debate sobre el juego en línea, que incluye la prohibición de su publicidad en medios, redes sociales y clubes deportivos. El planteo va a contramano de la postura que hasta ahora sostuvo la Casa Rosada, que se opuso a la media sanción de Diputados y promovió una iniciativa alternativa de alcance más limitado.
La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos.
Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2026
La discusión llega en tiempo de descuento. El proyecto aprobado por Diputados en noviembre de 2024 permanece frenado en el Senado y se acerca al límite de su vigencia parlamentaria. Si no avanza durante las próximas semanas, su tratamiento quedará condicionado a que el Poder Ejecutivo lo incluya en una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias, algo improbable.
De los 21 integrantes del bloque libertario, al menos cuatro coinciden en la necesidad de abrir el debate: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Pablo Cervi y Luis Juez. Los legisladores conversaron sobre la problemática y acordaron impulsar su tratamiento, aunque todavía no existe una posición común sobre qué proyecto debería prosperar.
Bullrich, presidenta del bloque, advirtió el viernes en sus redes sociales sobre las consecuencias de la ludopatía entre los menores y sus familias. “Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites”, anticipó.
La adicción al juego es un flagelo que destruye familias, arruina vidas y destruye el esfuerzo de miles de personas.
La ludopatía infantil es su versión más aberrante, más terrible, más cruel y más destructiva para cualquier sociedad.
Hay que ponerle un freno.— Agustín Coto (@agustinpcoto) November 6, 2026
Minutos después, Coto, cercano a Karina Milei, se sumó al reclamo. “La ludopatía infantil es su versión más aberrante, más terrible, más cruel y más destructiva para cualquier sociedad. Hay que ponerle un freno”, escribió el fueguino en X.
En diálogo con LA NACION, Juez avaló la apertura de la discusión y citó a la Iglesia. “La ludopatía se ha convertido en el flagelo más importante por el que atraviesan miles de hogares en la Argentina y un tema tan grave como el narcotráfico. Como dice el arzobispo de Córdoba, le hemos puesto un casino en la mano a cada uno de nuestros hijos”, sostuvo.
El reclamo también encontró respaldo fuera del oficialismo. La senadora salteña Flavia Royón (Primero los salteños) advirtió que “no podemos seguir postergando este debate”, mientras que el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro (Partido Justicialista) pidió tratar la media sanción de Diputados.
El Senado debe tratar la Ley de Ludopatía Infanto Juvenil, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.
La ludopatía no solo genera graves consecuencias económicas, sino también un enorme impacto en la salud mental. Esta ley tiene que salir para proteger a nuestros chicos,…
— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) November 6, 2026
El planteo dentro de LLA
Después de los pronunciamientos públicos, Bullrich trasladó el planteo al grupo de WhatsApp de los senadores libertarios, que ella misma preside. Allí propuso discutir todos los proyectos vinculados con el juego online y la prevención de la ludopatía, sin limitarse a la media sanción de Diputados.
La propuesta incluye también la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, centrada en el combate contra el juego clandestino, y las presentadas por distintos legisladores. La conversación se desarrolló en el grupo del que no participa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Normalmente los temas del bloque se discuten ahí”, relativizó uno de sus integrantes.
Por ahora, los libertarios acordaron incorporar el asunto a su próxima reunión de bloque, donde evaluarán cómo avanzar. Para iniciar el tratamiento deberán convocar a un plenario de comisiones y definir un temario que contemple los proyectos pendientes.
La discusión está en manos de tres senadores oficialistas: Ivanna Arrascaeta, presidenta de Salud; Nadia Márquez, de Legislación General, y Gonzalo Guzmán Coraita, de Justicia y Asuntos Penales. Las tres comisiones recibieron la media sanción de Diputados en noviembre de 2024, pero hasta ahora no impulsaron su tratamiento. En Salud, cabecera de las iniciativas sobre la problemática, aguardan al menos 13 proyectos.
El cambio de posición de una parte del oficialismo coincide con una renovada presión de la Iglesia. Ante la llegada de León XIV, la Comisión Episcopal de Pastoral Social lanzó una petición pública para reclamar la sanción de la ley. El Episcopado ya había pedido formalmente al Senado que avanzara con la regulación de las apuestas online, especialmente por sus consecuencias entre niños y adolescentes.
La discusión expone, además, diferencias de fondo entre la media sanción de Diputados y la propuesta alternativa que envió el Gobierno al Senado.
El texto aprobado por la Cámara baja prohíbe la publicidad de apuestas online en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, así como los patrocinios de clubes, deportistas y competencias. También elimina los bonos de bienvenida, impide utilizar tarjetas de crédito para apostar y exige verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante controles biométricos vinculados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La iniciativa del Poder Ejecutivo, en cambio, concentra sus disposiciones en endurecer las sanciones contra los operadores clandestinos, sin avanzar sobre la publicidad, los patrocinios deportivos ni las promociones utilizadas por las plataformas legales para captar apostadores.
También existen diferencias sobre los mecanismos planteados para la protección de menores. Mientras que la media sanción exige controles biométricos, el proyecto oficial establece una obligación más general: las entidades y los proveedores de servicios de pago deberán contar con “mecanismos, sistemas y procedimientos tecnológicos y de seguridad” para verificar la edad de los usuarios y excluir a los menores. No especifica, sin embargo, qué herramientas deberán utilizarse ni establece estándares biométricos obligatorios.
La propuesta del Gobierno tampoco consiguió avanzar en las comisiones del Senado y, según confiaron algunos legisladores, no reúne un respaldo uniforme dentro del bloque libertario.
La media sanción de Diputados, por su parte, fue aprobada con el apoyo de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda, sectores del radicalismo y bloques provinciales. La Libertad Avanza votó en contra, mientras que Pro y parte de la UCR se abstuvieron.
