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Tras el allanamiento realizado el fin de semana en la vivienda de la tiktoker posadeña Florencia Belén Aguirre (28), investigada en una causa por calumnias, injurias y amenazas, el arco político opositor misionero emitió un comunicado de prensa en el cual manifestó una “profunda preocupación” por la detención de ciudadanos “críticos” a la gestión de la Renovación e instaron al gobierno provincial a “ajustarse al Estado de derecho”.
“Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las recientes detenciones de los ciudadanos críticos al gobierno provincial del Frente Renovador de la Concordia”, comienza el documento que incluye el nombre de 53 concejales de distintas localidades y dirigentes sociales opositores.
La misiva también lleva la firma de los diputados nacionales Martín Arjol, Florencia Klipauka, Alfredo Schiavoni (mandato cumplido), y de los legisladores provinciales Horacio Loreiro, Miguel Núñez, Rosy Kurtz, Mikaelia González Coria y Analia Labandoczka.
Derecho a la protesta
En el documento, la oposición calificó como acciones judiciales que lesionan la “libertad de expresión” en la tierra colorada los arrestos usuarios de redes dedicados a realizar publicaciones contra políticos del oficialismo. En ese listado incluyeron al tiktoker libertario de Eldorado Ramiro Eduardo Barrionuevo (32), al dirigente barrial y militante de LLA en Posadas Cristian Cabral y, por último, el caso Aguirre.
Todos ellos fueron denunciados por delitos configurados como “intimidación pública”, “amenazas” o “calumnias e injurias”, ante lo cual objeto de investigaciones, procedimientos judiciales y, en al menos dos de los casos, detenciones.
Contrario a esto, para los firmantes del documento contra el oficialismo, los acusados utilizaban las redes sociales, principalmente TikTok, para “expresar su descontento” con las políticas públicas del gobierno provincial y también aprovecharon para exponer “la iniciación de causas penales, en algunos casos con detenciones arbitrarias, a trabajadores y referentes de la administración pública por haber ejercido su derecho a la protesta”, refiriéndose a los policías que permanecen detenidos acusados de “intento de sedición” y a la investigación judicial contra al menos doce docentes que participaron de las protestas multisectoriales en el mes de mayo.
Con los argumentos esgrimidos, expusieron que “en nuestro país la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de expresar sus ideas sin censura previa. Además, el artículo 19 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por Argentina, protege el derecho a la libertad de expresión sin restricciones indebidas”.
Seguidamente, sostienen que en Misiones los derechos mencionados están “protegidos” por el artículo 12 de la Constitución provincial, y acusaron al gobierno renovador de “vulnerar” la garantía constitucional “al perseguir y detener a quienes disienten públicamente”.
“Retroceso”
En otro apartado del comunicado de prensa, los funcionarios opositores aseguraron que la recientemente creada Fiscalía Especializada en Ciberdelitos “no deja de generar estupor” y “atenta contra el debido proceso, fomenta la censura previa y abre la puerta al espionaje”.
Los firmantes del documento manifestaron que las acusaciones expuestas “representan un claro retroceso para nuestras libertades y para el respeto de los derechos fundamentales en Misiones” e instaron al gobierno a cesar “la persecución a opositores y a ajustar sus acciones al Estado de derecho y a los principios republicanos que rigen nuestra democracia”.
Y por último, enfatizaron: “La libertad de expresión no debe ser restringida y el debate de ideas debe ser promovido sin temor a represalias judiciales impulsadas por intereses del poder político de turno, que no acepta voces disidentes”.
