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En los últimos meses, surgió un debate en varios estados de Estados Unidos, incluido Texas, sobre la posibilidad de exigir a los estudiantes que presenten pruebas de ciudadanía o estatus migratorio al momento de inscribirse en las escuelas públicas. Esta iniciativa podría tener implicaciones significativas para el acceso a la educación de miles de niños y de la comunidad inmigrante.
A pesar de que la Corte Suprema de los Estados Unidos garantizó en 1982, en el caso Plyler vs. Doe, que todos los niños tienen derecho a una educación pública sin importar su estatus migratorio, algunos estados están comenzando a cuestionar esta norma.
La reciente propuesta en Oklahoma de exigir pruebas de ciudadanía para inscribir a los estudiantes se votará pronto, luego de una audiencia en el edificio Oliver Hodge. Esto encendió las alarmas en otras regiones, como Texas, sobre la posibilidad de que esta medida sea replicada en caso de tener éxito.
El debate sobre el estatus migratorio en las escuelas de Oklahoma
El Departamento de Educación de Oklahoma presentó una propuesta que, de ser aprobada, obligaría a las escuelas públicas a solicitar pruebas de ciudadanía a los estudiantes durante su inscripción, según The Oklahoman. El superintendente de Escuelas del Estado de Oklahoma, Ryan Walters, es uno de los principales impulsores de esta medida.
Aunque la propuesta aún está en fase de discusión, generó preocupaciones en lo que respecta a la legalidad de la medida. Según el portavoz del Fiscal General de Oklahoma, Phil Bacharach, el estado “tiene derecho a recopilar datos de ciudadanía en relación con los servicios gubernamentales”
Sin embargo, esta postura fue cuestionada por el senador estatal Michael Brooks-Jiménez, quien señaló que la medida podría tener un impacto negativo en aquellos estudiantes de familias inmigrantes. “El superintendente está tratando de hacer política con los niños. Es, una vez más, la política por encima de establecer buenas políticas públicas”, agregó.
La reacción de los legisladores de Texas ante la propuesta
El debate sobre la propuesta de Oklahoma tuvo un eco en Texas, donde legisladores como el representante estatal Ramón Romero Jr. se mostraron cautelosos, pero no descartan la posibilidad de que medidas similares sean consideradas en el futuro. “Todo es posible. Como está ahora la Cámara de Representantes y el Senado, yo creo que en diferentes estados van a poner esas propuestas”, comentó a Univision Austin.
“Van a pasar en un estado u otro, van a llegar a la Corte Suprema. Y si llega allí, va a llegar a nuestras casas, a nuestras comunidades”, advierte el representante estatal. Luego, Romero Jr. explicó que considera que esta medida sería solamente una estrategia para reducir la inmigración ilegal: “¿Por qué venimos todos? Para traer una mejor vida para nosotros y nuestras familias. Pero si ya no puedes darle educación en este país a tus hijos, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir”.
Por su parte, Peter Krause, miembro del Partido Republicano de Collin County, declaró: “No sé si habrá una ley así, pero creo que todos deberían estar documentados. Necesitamos ser ciudadanos, necesitamos hablar por nuestro país”. Luego, agregó que le gustaría implementar la enseñanza de oficios en la escuela pública.
Según el distrito escolar de Oklahoma City, alrededor del 60% de sus estudiantes se identifican como hispanos. En estados como Texas, donde el 53% de la población escolar pública es de origen hispano, según los datos de la Agencia de Educación de Texas, las implicaciones de estas medidas podrían ser profundas. Sin embargo, más allá de las preocupaciones y la marcada agenda del gobernador Greg Abbott en cuanto a la inmigración ilegal, aún no se realizó un proyecto de ley estatal que trate esta temática.
