El pasado 28 de enero el concejal de Puerto Iguazú, Alejandro Verón, denunció ante la Oficina Anticorrupción el presunto cobro de coimas por parte del ex director de Asuntos Técnicos de Frontera, Pablo Vande Ruster. Desde que se hizo pública la acción el edil recibió -según dijo- varios llamados telefónicos, de diferentes actores intermediarios quienes solicitaban que atendiera el teléfono al denunciado para que este explicara la situación, a lo que Verón respondió «que debe explicar a la justicia».

No obstante, según expuso el edil, hubo un apriete por parte de una autoridad cuyo nombre no fue expuesto en un comunicado que hizo público en esta jornada, dando a entender que esta persona habría intentado persuadirlo para que se sentara a hablar con el exfuncionario. Para dar a conocer la situación Veron emitió un informe donde remarca que «denunciar hechos de corrupción de funcionarios, no es una práctica habitual; ahora comprendo el por qué».

En el texto deja entrever que un diputado nacional de la Unión Cívica Radical lo «apretó», intentó desprestigiarlo y amenazó de que si no resolvía la situación podría estar afuera del armado político local en Puerto Iguazú, por un posible acuerdo con La Libertad Avanza. También indicó que han tratado de persuadirlo indicando que la denuncia dañaría la imagen del presidente o de su partido, además de intentar obligar a que «trate de resolver la situación en una reunión con el denunciado» o que simplemente «deje de impulsar la denuncia para que esta quede en el olvido y no siga su curso en la justicia».

«La lucha contra la corrupción; que aún está enquistada en nuestro sistema y organismos del Estado Nacional, no es fácil; puesto que los intereses de los corruptos que hay detrás, llega a las más altas esferas del Estado Nacional y de las Provincias. Decidí dar una pelea sin cuartel contra la corrupción y quienes la sostienen con sus acciones u omisiones, y lo voy a hacer; cueste lo que cueste y caiga quien caiga», remató en el comunicado.