El Gobierno denunció a Jones Huala por «incitación a la violencia colectiva» tras reivindicar los incendios en la Patagonia

El Gobierno denunció penalmente al líder mapuche Facundo Jones Huala, luego del video que se conoció donde reivindica los «atentados incendiarios y los sabotajes», que generaron varios focos de incendios en distintas ciudades de la Patagonia.

La presentación la hizo Fernando Oscar Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, luego del pedido explícito de Patricia Bullrich.

La denuncia contra el líder mapuche es por «los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal«.

En medio de los incendios que obligaron a decretar el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario, por parte del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, trascendió un video donde Jones Huala se define como miembro de una organización político militar, que reivindica los sabotajes.

«Reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista de las transnacionales, de los terratenientes», sostiene.

A partir de la difusión del video, publicado en X por el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, la ministra Bullrich inició acciones legales.

Una imagen de los incendios en Epuyén, Chubut.

«Estamos dispuestos a quemar pólvora, poner plomo y a prender fuego lo que destruye esos árboles, pajaritos, flores, que atenta contra el viento, la montaña, la naturaleza y la tierra que nos heredaron nuestros antepasados y contra nuestra vida como pueblo mapuche», agrega Jones Huala en el video.

Además, argumenta que no tiene que pedir permiso a «ningún poderoso» para poder reclamar las tierras que supuestamente le pertenecen y que no le importa la ley 26.660.

La referencia es a la normativa que declaró la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas originarias, que tenía como objetivo resolver conflictos y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y que fue derogada en 2024 por el gobierno del presidente Javier Milei.

«Lo advertimos antes y lo repetimos ahora: este Gobierno no va avalar ningún llamado a la violencia, y no vamos a permitir que nadie intente intimidarnos, amenazando y poniendo en riesgo la vida de los chubutenses», expresó el gobernador Torres.