Grave crisis institucional: la Cámara Civil no cumplirá un fallo de la Corte

Uno de los más graves conflictos institucionales en el Poder Judicial, que viene soslayándose y posponiéndose desde hace dos décadas, explotó este martes lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Luego de varios días de shock y conciliábulo en numerosos despachos judiciales, los veinticinco integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil firmaron una acordada para rechazar la aplicación de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, y advierten que no seguirán su jurisprudencia respecto de la obligación de remitir las apelaciones a sus fallos al Tribunal Superior de Justicia (STJ) porteño.

En una primera mirada podría decirse que se trata de una resolución con nulo impacto sobre la vida y los intereses de los porteños -lo que también será desmentido-, pero de una gigantesca importancia institucional y política: la Cámara Civil asumió en papel la hasta ahora ruidosa pero larvada resistencia de todos los juzgados y tribunales nacionales porteños a ser traspasados a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como ordena la Constitución Nacional reformada en 1994 y la Constitución porteña sancionada dos años después.

En concreto, los camaristas rechazaron este martes enviar al STJ -la «Corte» porteña- el llamado «caso Levinas», en el que los herederos del artista plástico León Ferrari reclaman al marchand y también periodista Gabriel Levinas por la gestión de obras de Ferrari y la rendición de cuentas respecto de su resguardo y exposición. Luego de sucesivas instancias, esa demanda llegó a la Corte, que resolvió remitir el caso a la justicia porteña: como ya había hecho en otros fallos, el máximo tribunal insiste en que la llamada «justicia nacional» debe quedar bajo el control del poder judicial de la Ciudad.

Esa indicación es un anatema para los jueces nacionales, cuya jurisdicción es la ciudad de Buenos Aires y juzgan delitos que no son federales: civiles, comerciales, penales, etc. Desde la misma sanción de la Constitución de 1994, esa influyente corporación resistió cualquier intento de traspaso y cumplimiento del mandato constitucional. Por cuestiones jurídicas, salariales, o simplemente de estatus -no es esta la ocasión de analizarlas-, la resistencia de los casi 500 jueces nacionales es desde entonces absoluta, y esa negativa es una de las más altas banderas de las organizaciones de magistrados.