//
Fugas, sobrepoblación y policías cuidando presos en lugar de estar en la calle. La situación con los detenidos en la Ciudad de Buenos Aires no da para más y en el Gobierno porteño quieren que el traspaso del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se concrete lo antes posible. Pero la firma del acuerdo se demora. Mientras tanto, buscan que la Nación acelere el traslado de los condenados a sus cárceles.
Al 20 de febrero, la población de detenidos en la Ciudad es de 2.440. La mayoría, por ley, debería estar alojada en cárceles y alcaidías federales. Sin embargo, aun sin servicio penitenciario propio, están detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. No solo las condiciones de alojamiento no son las indicadas, sino que es más fácil fugarse. Este viernes hubo otro intento en una comisaría de Barracas.
En 2024, la Ciudad gastó $ 70.161.000.000 en la gestión de los detenidos. Eso incluye los costos de la comida, medicamentos, visitas, traslados y el personal a cargo de la vigilancia. Por día, cada preso le costó al Gobierno porteño $ 83.576, según datos oficiales a los que accedió Clarín. Si se multiplica este último monto por la cantidad de detenidos que hay hoy la cuenta da más de $ 200 millones por día.
La cantidad de detenidos que tiene la Ciudad viene creciendo exponencialmente. Sobre todo desde la pandemia, cuando el SPF que tenía de interventora a la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori frenó los traslados de detenidos a las cárceles.
Hace 10 años, la Ciudad tenía menos de 100 detenidos. Para diciembre de 2023 cuando asumió Jorge Macri como jefe de Gobierno sumaban 1.460. Por el endurecimiento de la política de seguridad y la mayor cantidad de detenciones, en poco más de un año pasaron a ser 2.440.
El martes también hubo una quema de colchones en la Comisaría 13 de Belgrano. Foto Fernando de la Orden
De ellos, 387 están condenados, es decir, bajo ningún concepto tendrían que estar alojados donde están. Otros 1.509 están procesados por la Justicia (también deberían estar en una alcaidía del Servicio Penitenciario) y 544 están imputados. Solo estos últimos podrían estar en una comisaría aunque por un plazo de 48 o 72 horas.
Como muestra del agravamiento del problema en el tiempo, hay 23 detenidos que llevan más de dos años en esta situación. Y 139 entre uno y dos años. Un ejemplo es lo que pasó con Eduardo Miguel “Calabaza” Ajalla Cabrera (39), el barra de Atlanta acusado de matar a un financista, que ya tenía una condena y un procesamiento encima. Estaba detenido desde el 24 de diciembre de 2023 y se escapó de la seccional 6A de Caballito el 9 de febrero pasado. Sigue prófugo.
¿Por qué logran escapar los presos? Cada caso es particular pero en líneas generales las explicaciones son: que están en lugares que ni siquiera son calabozos y fueron “adaptados”, como por ejemplo vestuarios de comisarías; que en algunos casos hubo o pudo haber connivencia policial; que los policías no son guardiacárceles.
En medio de esta crisis, en el Gobierno porteño rescatan algo, sin negar que el problema es grave: “Tenemos mucho más detenidos que en años anteriores y la cantidad de fugas y de presos fugados es la misma que los últimos años”, dice a Clarín un funcionario que sigue el tema día a día.
Los detenidos aumentan sostenidamente desde la pandemia. Foto Luciano Thieberger
Para peor, hacerse cargo de los detenidos sin tener la competencia (la gestión del servicio penitenciario y las cárceles) implica resignar recursos que deberían estar abocados a la prevención. Hoy se calcula que hay unos 2.000 oficiales de la Policía de la Ciudad cuidando detenidos, cuando deberían estar recorriendo las calles.
El colmo de la situación es que por cada fuga se abre un sumario contra los policías que estaban a cargo, que después puede o no terminar en una sanción. Todo es pérdida por donde se lo mire.
El Servicio Penitenciario de la Ciudad
¿Cuál es la solución a este problema? El tema de fondo se resolvería con el traspaso de la parte del Servicio Penitenciario Federal que le corresponde a la Ciudad, con los agentes, las cárceles y, sobre todo, los fondos. De esa manera se crearía el Servicio Penitenciario de la Ciudad. Eso, una vez firmado el convenio, llevaría no menos de un año en concretarse.
No obstante, el Gobierno porteño busca adelantar todo lo que puede para ese momento. Esta semana creó la Subsecretaría de Asuntos de Política Criminal y Penitenciarios que estará bajo la órbita del ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.
Para esa subsecretaría nombraron a una de las personas que más sabe de políticas penitenciarias en el país, el abogado Leandro Halperín, que fue el legislador que reemplazó a Débora Pérez Volpin cuando falleció. Y también tuvo un paso por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad entre 2016 y 2017.
Qué se hace mientras tanto
En noviembre, una resolución de la jueza María Mercedes Maiorano, del juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, sobre un hábeas corpus colectivo estableció que el SPF debía absorber entre 130 y 140 presos por semana.
Eso no se cumplía y después de varios idas y vueltas –y fugas en el medio–, se logró que sean 90 por semana. Pero por algún motivo, en el Gobierno porteño dicen que enero Nación bajó el ritmo a 60 «por una decisión política«. Lo que buscan ahora es que vuelvan a ser 90, para que la sobrepoblación no siga creciendo.
También, que se lleven a los casi 400 condenados, después del acuerdo de palabra al que llegaron Macri y Bullrich el martes, tras otra escandalosa fuga de la Comisaría 3A de Balvanera. Nación dijo que avanzarían pero que el número aun no estaba confirmado y pidió 72 horas para acercar una propuesta.
Como contrapartida al aumento de las detenciones, la Ciudad también sumó 700 nuevas plazas con los famosos “contenedores” para presos.
La otra medida en negociación con la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich es el envío de agentes del SPF a alcaidías de la Ciudad para que en algunas sedes se hagan cargo del cuidado de los detenidos. De esa manera se mejoraría el control y se liberarían policías para que puedan cumplir con sus funciones.
Como pasó con el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, guardiacárceles que hoy visten el uniforme del SPF llevarán el escudo de la nueva fuerza intramuros de la Ciudad. Serán los mismos que hoy trabajan en los penales que también serán traspasados.
La cárcel de Devoto será traspasada pero luego dejará de ser una cárcel. Foto Luciano Thieberger
Esos penales son el de Marcos Paz, Devoto (que dejará de ser una cárcel y su población irá a Marcos Paz), el penal de Mujeres de Ezeiza y un predio de 20 hectáreas en Ezeiza donde se podrán construir más módulos. Además, la Ciudad recibirá las alcaidías que hoy funcionan en la zona de Tribunales, las de Lavalle, Berutti y Paraguay.
Cuando ocurra, el tema de las cárceles pasará a ser un asunto tachado en la lista de pendientes para consolidar a Buenos Aires como Ciudad Autónoma, como establece la Constitución de 1994. Los otros que esperan son la Inspección General de Justicia (IGJ), el Puerto de Buenos Aires, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Terminal de Ómnibus de Retiro y varios fueros de la Justicia.
MG
