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El Ejecutivo estima que dejará sin pensión por invalidez a un tercio del total de beneficiarios. El pretexto son las supuestas «irregularidades» en su entrega durante la gestión anterior. Pero hasta ahora la mitad de los auditados nunca recibició la notificación para evaluarse, por la propia desidia de la ANDIS, y la idea es igualmente suspenderles el cobro. Un recurso de amparo intenta frenar el proceso. Leer más
