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El Tribunal Penal Nº1 de Posadas condenó a los hermanos Sebastián y Germán Kiczka a 12 y 14 años de prisión, respectivamente, por delitos relacionados con material de abuso sexual infantil (MASI). La audiencia culminó tras más de trece horas, con la decisión de los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, quienes también solicitaron investigar al padre de los acusados, Leonardo Kiczka, y al legislador Pedro Puerta por presunto falso testimonio.
Al respecto, el fiscal Martín Rau, a cargo de la acusación junto a Vladimir Linka, explicó que a Canal 12 que “fue un trabajo bastante duro de llevar adelante. Creo que hemos hecho un buen equipo con mi colega Vladimir Glinka. Nos tocó evaluar un caso difícil, ciertamente”. Sobre si fue el caso más relevante en la historia judical misionera, acotó que “no sé si fue el caso más relevante o no; creo que es algo que se evalúa más desde una perspectiva social. Sin embargo, entre los procesos en los que participé, fue sin duda el que tuvo mayor repercusión mediática. Todo esto añadió un condimento especial al caso y nos exigió un nivel de responsabilidad mucho mayor como integrantes del Ministerio Público Fiscal”.
Rau detalló la ejecución de la pena y los delitos atribuidos
Además, el fiscal señaló que la diferencia en las penas se sustentó en la cantidad y tipo de delitos atribuidos a cada uno, que responde a lo previsto por el Código Penal. “Germán tenía más material, más dispositivos y, por tanto, la lógica implica que la pena sea más grande”, detalló. En el caso de Sebastián, agregó que “el abuso de él estaba catalogado dentro de lo que podría ser más leve entre los que prevé el código, y por tanto tenía una pena sensiblemente menor que la de Germán”.
Ante la consulta sobre posibles beneficios penitenciarios, el fiscal Rau explicó que “los delitos por los cuales fueron condenados, en función de la última reforma al Código Penal, no permitirían la libertad condicional”. Es decir, no deberían salir antes de cumplir su condena “salvo algún imprevisto que en derecho siempre puede pasar”.
La investigación paralela por falso testimonio
Sobre este punto, el letrado también describió que “teníamos un archivo telefónico del dispositivo de Germán que tenía algo así como 96.000 páginas de PDF entre las cuales se encontraban conversaciones entre Germán y el diputado Pedro Puerta”. A partir de ese contenido, el Ministerio Público Fiscal detectó inconsistencias en las declaraciones del legislador, motivo por el cual se pidió la apertura de una causa paralela.
“Lo que hay que ser claro en la comunicación es que no quiere decir que exista falso testimonio. Sin embargo, como empleados públicos estamos obligados a pedir la formación de causa para la investigación de todos aquellos posibles delitos que surjan de la audiencia”, advirtió Rau. No obstante, comentó que la nueva investigación estará a cargo de otro fiscal y juez de turno, sin intervención de los fiscales que actuaron en el juicio principal. La misma será una nueva investigación dotada de todas las garantías constitucionales que corresponden.
El material digital fue decisivo en el proceso judicial
En cuanto a las figuras legales, el entrevistado explicó que la facilitación implica colocar el material a disposición de un número indeterminado de personas, mientras que la distribución supone un envío activo a una o más personas determinadas.
Consultado sobre el impacto del material visualizado durante el proceso, Rau respondió que “la sensación es indescriptible. No sé recurrir a una palabra que me permita decir lo que sentí cuando vi el material… Lamentablemente el trabajo de la acusación tuvo que ver con ver cientos de esos videos realmente muy muy feos”. El fiscal también señaló que su condición de padre influyó en la vivencia del proceso.
Asimismo, el funcionario reiteró la recopilación y análisis de los dispositivos electrónicos incautados resultó determinante. “Cada visualización del video es la materialización de un abuso sexual”, recordó Rau al citar a la fiscal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy. Justamente, a lo largo del juicio, los fiscales hicieron referencia al volumen de pruebas digitales recuperadas, que fueron admitidas por el tribunal como evidencia suficiente para la condena.
“En este caso surgía del expediente un envío puntual de un video más a una persona que no se pudo saber quién era el destinatario”, explicó Rau, en relación a la acusación de distribución agravada contra Germán Kiczka. Ya que los dispositivos secuestrados permitieron documentar esa acción y otras similares, junto con conversaciones e intercambios en redes que respaldaron la acusación.
