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La Casa Blanca presentó esta semana una propuesta presupuestaria que prevé reducir en un 43% los fondos federales destinados a programas de asistencia para el alquiler. La iniciativa, que forma parte del plan de gastos para 2026 del presidente Donald Trump, afectaría a millones de familias en todo Estados Unidos, incluidas más de 500 mil en California.
Trump propone fuertes recortes a HUD y elimina fondos directos para la Sección 8
El nuevo presupuesto del gobierno de Trump incluye un recorte significativo a los programas de asistencia habitacional que administra el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).
El proyecto afecta de manera directa a la Sección 8 —el sistema de vales para alquiler que hoy beneficia a más de 5 millones de hogares en Estados Unidos— y plantea un cambio en el rol del estado federal en la política de vivienda.
Qué hace el HUD y por qué la Sección 8 está en riesgo
Creado en 1965 bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, el HUD es la agencia federal encargada de implementar políticas de vivienda, desarrollo comunitario y lucha contra la pobreza urbana. Desde hace décadas, uno de sus pilares es la Sección 8: un subsidio que permite a familias de bajos ingresos alquilar viviendas en el mercado privado, no solo en complejos públicos.
Según el texto oficial del presupuesto 2025, el gobierno dejaría de transferir fondos anuales a las autoridades locales de vivienda. En su lugar, propone entregar subvenciones globales a cada estado, lo que les permitiría decidir de forma autónoma cómo utilizar los recursos.
“El sistema federal resulta demasiado inflado y burocrático para funcionar con eficiencia”, dijo Scott Turner, actual secretario de HUD, según consignó Los Angeles Times.
Esto implicaría que los estados ya no estarían obligados a mantener los modelos actuales de asistencia, lo que podría traducirse en menos protección para las familias vulnerables, especialmente en estados con menor compromiso presupuestario.
California, uno de los más afectados por el recorte de Trump
California, donde unos 560 mil hogares reciben ayuda con el alquiler, aparece como uno de los estados más expuestos. La combinación de altos precios de vivienda, pobreza urbana crónica y crisis de personas sin techo convierte a este territorio en un caso testigo del posible impacto de la reforma.
También se anticipan consecuencias en otros estados con grandes centros urbanos, donde el acceso a vivienda asequible se ha vuelto cada vez más limitado.
Límite de dos años para adultos sin discapacidades
Entre los cambios más controversiales, el presupuesto impone un tope de dos años de ayuda para adultos sin discapacidades permanentes. La Casa Blanca argumentó que el objetivo es concentrar los recursos en adultos mayores y personas con discapacidad, pero organizaciones sociales advirtieron que la medida perjudicará a trabajadores de bajos ingresos que, aunque tienen empleo, no logran cubrir un alquiler en el mercado privado.
“Millones de personas menos recibirían asistencia. Durante la campaña escuchamos que el plan era hacer la vivienda más accesible, y esto va en la dirección opuesta”, sostuvo Sonya Acosta, analista del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.
Crisis de alquiler: solo el 6% de los condados es accesible
El recorte propuesto llega en medio de una crisis nacional de asequibilidad habitacional. Según un estudio de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, en apenas el 6% de los condados del país norteamericano un salario mínimo alcanza para pagar un alquiler de una habitación. No existe ningún condado donde ese ingreso permita alquilar una unidad de dos habitaciones.
Vivienda: apoyos y resistencias al proyecto de Trump
El debate en torno al presupuesto se traslada ahora al Congreso, responsable de aprobar o rechazar la iniciativa. Si bien durante años existió consenso bipartidista en torno a los programas de asistencia habitacional, el escenario actual no garantiza un respaldo uniforme.
Desde sectores conservadores, algunos apoyan la idea de las subvenciones en bloque. Edward Ring, cofundador del California Policy Center, valoró que estas herramientas permitirían a los gobiernos locales “experimentar con soluciones” adaptadas a sus realidades. No obstante, advirtió que un recorte inmediato de la financiación podría complicar la situación “a corto plazo” para quienes dependen de la ayuda.
