Jueces, organismos de derechos humanos y defensores de varias provincias, como el caso de Misiones, se pronunciaron en contra del dictamen de mayoría del pasado 6 de mayo, sobre el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil resuelto en reunión plenaria de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Quienes se pronunciaron en contra, consideran que de convertirse en ley la reforma, sería “inconstitucional y anticonvencional”. Recuerdan que organismos internacionales, recomiendan mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y sin endurecer las penas. El dictamen aprobado apunta a un proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

El proyecto original impulsado por el oficialismo nacional, pretendía bajar a 13 años. El dictaminarse el proyecto, la ministra Patricia Bullrich se anotó como un triunfo del oficialismo ya que fue promovida esa reforma, junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

Quiénes lo rechazan

Entre los firmantes y argumentando las razones de estar en contra de los cambios analizados en Diputados, se encuentra el doctor Cesar Raúl Jiménez coordinador Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Por su sigla, Copaju es una organización internacional de jueces que busca promover y defender los derechos sociales, inspirándose en la doctrina franciscana y la enseñanza de Francisco. Fue establecida en el Vaticano en junio de 2019, bajo la rúbrica del papa Francisco, y cuenta con capítulos nacionales en diferentes países, como es el caso de Argentina.

“Quienes firmamos la presente nota hemos expresado reiteradamente nuestras opiniones en diferentes ámbitos sobre la derogación de la ley 22.278, advirtiendo que la nueva ley que rija el sistema penal juvenil debe adecuarse a los principios de derechos humanos. Acompañamos diversas presentaciones, documentos, comunicados de múltiples organismos de interés púbico que se han manifestado en este mismo sentido”.

Plantean que el dictamen de mayoría “no recepta las Recomendaciones y Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, generando un sistema regresivo en nuestra legislación y desvirtuando el principio de especialidad”.

Los firmantes 

Los firmantes son además del doctor Jiménez, se encuentran Gustavo Daniel Moreno secretario general de Ajunap; Ariel Cejas Meliare, procurador Penitenciario adjunto. Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La licenciada Rossana Marlí Franco, defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; el doctor Leandro Javier Drube, defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Santiago del Estero. La doctora Amelia López defensora de los Derechos de NNyA de la provincia de Córdoba; el doctor Juan Pablo Meaca, defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente; Fernando Avila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal y el licenciado Gabriel Savino, Defensor del Pueblo adjunto zona sur de la provincia de Santa Fe.

Posibilidad de denuncias 

Plantean que de aprobarse la reforma impulsada, “colocaría a nuestro país ante la posibilidad de denuncias (que muchos de nuestros organismos podrían realizar) y condenas por parte de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos”.

Detallan que el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General Nº24 (2019) encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada (por ejemplo 15 o 16 años) a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y más relevante aún, en las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, el Comité ha manifestado su seria preocupación por la falta de avances en la aplicación de sus recomendaciones anteriores y ha instado al Estado Argentino a armonizar plenamente su sistema de justicia de menores con la Convención, incluida la derogación de la Ley N° 22.278 y manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y sin endurecer las penas. La ley penal juvenil debe adecuarse a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados de derechos humanos, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal; promoviendo activamente medidas no judiciales para las y los no punibles (políticas públicas) y para las y los adolescentes punibles justicia restaurativa; la aplicación de penas no privativas de libertad como medida de último recurso y durante el periodo de tiempo más breve posible, que se revisen periódicamente con vistas a su supresión o morigeración; y prohibir la imposición de cadena perpetua a personas por actos cometidos durante la menor edad. Hemos expuesto evidencia abrumadora que da cuenta del porcentaje ínfimo de delitos cometidos por personas menores de edad en nuestro país, resaltando que muchas de nuestras provincias han avanzado en leyes procesales penales juveniles con intervenciones acordes a la Convención de los Derechos del Niño, y de convertirse en ley el dictamen propuesto implicaría un gran retroceso y erogaciones presupuestarias innecesarias para la mayoría de ellas. En audiencias y documentos previos quedó expuesta nuestra oposición a la baja de la edad de punibilidad, al agravamiento de la escala penal, a la aplicación discrecional para tomar medidas alternativas, al mantenimiento de la punibilidad sobre todos los delitos, a la habilitación de la privación de libertad en establecimientos penitenciarios, entre otros ítems. Por todo ello, es que expresamos nuestro rechazo al dictamen de mayoría.

El dictamen en Diputados

El pasado 6 de mayo, el plenario de las Comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados le dio dictamen a un proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Según la iniciativa la finalidad es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social.

Según el dictamen, en los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes, regirán todos los principios, derechos y garantías que surgen del sistema procesal acusatorio. El texto también establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años. El adolescente, además, deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.

Según explicó la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), presidente de la Comisión de Legislación Penal, el dictamen de mayoría alcanzó 77 firmas, impulsado por el oficialismo y los bloques aliados. 

Por otra parte, la diputada Margarita Stolbizer (EF) presentó un dictamen de minoría y las bancadas de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda adelantaron que también presentarían despachos de minoría.