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A través de una presentación judicial, la Fundación Apolo denunció este lunes la existencia de una organización transnacional venezolana del régimen de Nicolás Maduro que persigue y amenaza a exempleados públicos de ese país. Según el escrito, el hijo de una exfuncionaria habría recibido amenazas durante su residencia en Argentina.
La denuncia surgió a raíz de que el joven amenazado, de nombre José Zambrano, se puso en contacto con la Fundación Apolo. Había dejado Venezuela junto a su esposa y su madre, la ex funcionaria venezolana, en 2017. Según detalló a la entidad, su progenitora decidió irse tras haber estado en contacto con información vinculada a casos de malversación de fondos en el ministerio de Cultura venezolano donde trabajaba.
A la mujer, su hijo y su esposa se les unieron luego otros miembros de la familia. El exilio los llevó por varios países latinoamericanos en los que el régimen de Maduro siempre les hizo notar su presencia.
Desde amenazas por redes sociales hasta notas escritas a mano que les enviaban a domicilio, pasando también por la inclusión en listas negras en las que el régimen de Maduro ordenaba la detención de Zambrano, nunca pudieron estar tranquilos. Finalmente, la familia se separó y cada uno terminó en un país distinto.
El joven que denunció la persecución se radicó en Argentina en 2018 y vivió en el el país hasta mayo de 2024, cuando se radicó en Estados Unidos.
Según declaró, recibió amenazas en las que le contaban datos de su vida personal y su rutina. Además, su madre, quien vive en el exterior, también recibía información precisa sobre él a través de redes sociales y a modo de amenaza.
«Estamos frente a un caso gravísimo de persecución política ejecutada fuera de las fronteras venezolanas, por una estructura que opera con métodos de inteligencia, acoso sistemático y amenazas contra exfuncionarios o críticos del chavismo», expresó el legislador porteño Yamil Santoro, uno de los referentes de la Fundación Apolo que impulsa la denuncia.
Según destacaron desde la entidad, existirían indicios de que la persecución se llevó a cabo a través de una estructura que tiene acceso a información migratoria y de inteligencia «que debería estar protegida por el Estado argentino». Además, sugieren que existe una «posible complicidad de funcionarios o filtraciones dentro de organismos oficiales».
La denuncia fue presentada por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento, amenazas simples y agravadas.
Desde la fundación expresaron que «no se trata solo de proteger a un individuo», sino de evitar que el territorio argentino «sea usado como plataforma de operaciones para un régimen que persigue y elimina a sus opositores«.
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BPO
