//
A medida que aumentan los operativos de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los locales en Arizona se organizan con sus propios recursos para proteger a las comunidades migrantes que les rodean. Así, en medio de las renovadas políticas de Donald Trump, la entidad destaca por una red de solidaridad que desafía la narrativa federal.
Las comunidades en Arizona que evitan las deportaciones por parte de ICE y Donald Trump
En semanas recientes, medios de comunicación como The Times documentaron un incremento en las acciones de ICE en Arizona, particularmente en zonas con alta densidad de población latina como Phoenix, Tucson y Mesa. Sin embargo, ante la situación, cientos de grupos comunitarios intensificaron su organización “casera” para evitar que los inmigrantes sean deportados.
De entre las acciones que diversos grupos anónimos revelaron a Milenio, se resalta que la prioridad es crear redes de alerta temprana mediante aplicaciones de mensajería. Por ello, las apps que ofrecen mensajes encriptados son vistas como un recurso útil y efectivo.
Así, en Arizona, cada vez es más común que las apps de WhatsApp y Signal de los locales funcionen para avisar a los vecinos si se detecta una presencia sospechosa de ICE. Esto permite que se lance una alerta que da tiempo a los residentes para tomar precauciones, evitar ciertas rutas o incluso ofrecer refugio a los inmigrantes que conozcan hasta que pase el peligro de detención.
Adicionalmente, los locales promigración reparten folletos informativos sobre los derechos de los migrantes, con lo cual también establecen puntos de reunión seguros en donde las personas pueden refugiarse en caso de redadas.
Esta respuesta coordinada surge en un contexto nacional marcado por la estricta narrativa antimigración de Donald Trump, quien desde su campaña presidencial prometió que su segundo mandato sería recordado por llevar a cabo “la deportación masiva más grande de la historia”.
Arizona y el cambio de mentalidad pese a sus legislaciones tradicionales de antimigración
Si bien Arizona es un estado con marcados antecedentes de legislación antiinmigrante, la afluencia de migrantes latinos en la economía local pudo haber generado la necesidad de una contraofensiva civil.
Esta acción en sí no tiene un líder específico, sino que es comandada por ciudadanos “comunes” que decidieron no permanecer indiferentes ante el temor de los inmigrantes que conocen y/o que perciben de alguna manera como parte de su comunidad.
De esta manera, frente a leyes como la SB 1070, que exigen que la policía verifique el estatus migratorio de cualquier persona detenida en Arizona, muchos locales ofrecen “compañía solidaria” a las personas indocumentadas, una práctica local que, como su nombre lo indica, consiste en acudir junto a ellas cuando tienen citas para comparecer ante autoridades migratorias o judiciales (y denunciar abusos si es necesario).
Por otra parte, aunque la Ley HB 2579 establece que las organizaciones de beneficencia o iglesias que ofrezcan ayuda a los inmigrantes indocumentados serán multadas, algunos medios de comunicación como NPR documentan que esta labor continúa por parte de muchas congregaciones religiosas (aunque estas mismas admiten que enfrentan más obstáculos en la actualidad).
Retos para el futuro de Arizona y el de sus migrantes
Además de los esfuerzos comunitarios para proteger “informalmente” a las personas indocumentadas de Arizona, algunas ciudades como Tucson y Phoenix mantienen una política informal apegada a una especie de «Ley de Ciudad Santuario“.
Si bien no existe una ley estatal explícita que favorezca a los migrantes, este tipo de gobiernos locales en Arizona intentan limitar la colaboración con ICE al incentivar que las autoridades locales no cooperen “codo a codo” con los agentes federales.
