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CÓRDOBA.- La Justicia de Córdoba condenó a seis años y ocho meses de prisión e inhabilitación para conducir por el término de 10 años al conductor que protagonizó por el choque múltiple ocurrido el 12 de septiembre de 2024, en avenida Chacabuco de la ciudad de Córdoba, que provocó 15 víctimas -una joven perdió una pierna- y atropelló dos motos y cinco automóviles.
El Juzgado de Control 4 a cargo de Anahí Hampartzounian condenó a Cristian Joaquín Pacha quien en setiembre pasado conducía su Toyota Corolla por avenida Chacabuco cuando perdió el control del vehículo y atropelló a múltiples personas, lo que provocó lesiones y daños de diversa gravedad.
Las investigaciones revelaron que Pacha tenía una afección neurológica y había falseado información en la declaración jurada para renovar su licencia de conducir, ocultando así su condición médica.
Durante la audiencia, la jueza Hampartzounian rechazó el planteo de la defensa de recalificar los hechos como culposos o imprudentes. Señaló que, teniendo por probadas las circunstancias del caso, el resultado era “previsible y el acusado tenía el deber de evitarlo”.
Destacó que el imputado “sabía que tenía epilepsia y que al menos tres médicos le habían contraindicado conducir. Sin embargo, decidió continuar haciéndolo y falseó datos en la declaración jurada para obtener la licencia».
Estas conductas, sumadas a antecedentes viales y una actitud de indiferencia ante el riesgo, convencieron a la magistrada de mantener la calificación dolosa del hecho.
La magistrada, en refuerzo de su postura, aclaró que, incluso si Pacha hubiera confiado en que no se produciría un desenlace grave, esa confianza “no era racional, sino más bien temeraria u optimista”. En esa línea, resolvió imponer la pena prevista para el delito doloso.
Respecto al pedido de reducción de pena, sostuvo que el acuerdo resarcitorio alcanzado con las víctimas no puede considerarse un atenuante suficiente en este caso. Si bien reconoció que reparar los daños puede ser valorado en ciertos supuestos, advirtió que la conducta de Pacha durante el proceso indicaba que se trataba de “una estrategia racional y utilitaria, no un arrepentimiento genuino”.
Para la jueza no sería correcto que la sociedad pudiera ver que “existe un tratamiento privilegiado para quienes cuentan con capacidad económica suficiente para reparar los daños”.
En consecuencia, reafirmó que la pena acordada —seis años y ocho meses de prisión, más inhabilitación— era “proporcional y adecuada” frente a la gravedad de los hechos juzgados, que incluyeron no solo el siniestro vial, sino también la falsificación documental y una defraudación al seguro.
Sí resolvió hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria. Advirtió que esta modalidad no implica una reducción ni suspensión de la pena, sino una forma excepcional de cumplimiento ante situaciones especiales. Justificó su decisión en el estado de salud del imputado (tiene problemas cardíacos e hipertensión), su condición de adulto mayor y las limitaciones que el encierro carcelario presenta en su caso.
Se valoró el diagnóstico de epilepsia y un cuadro clínico general que, según se concluyó, no puede ser atendido de manera adecuada en una unidad penitenciaria.
Hampartzounian entendió que el cumplimiento domiciliario con control electrónico es una alternativa viable y razonable. Además, fijó una caución real de 180.000 dólares que podrá ser cubierta con un inmueble ya ofrecido por la defensa.
