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Con llamativa frecuencia, parte del empresariado argentino ha exhibido una actitud mezquina y temerosa ante los gobiernos y ha preferido el silencio y la complicidad en busca de favores desde el poder, en lugar de reclamar por algo tan importante como el respeto por las instituciones republicanas. Por eso, en ese contexto, deben celebrarse algunos de los mensajes escuchados en la reciente cumbre de la AmCham, la cámara que agrupa a las empresas estadounidenses en la Argentina.
En ese evento, el clima de satisacción derivado de la positiva reacción de los mercados tras el éxito electoral del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, pasó oportunamente a un segundo plano cuando distintos directivos de empresas optaron por enfatizar la necesidad de reforzar la institucionalidad.
Lo señaló con claridad el presidente saliente de la cámara de comercio de los Estados Unidos, Facundo Gómez Minujin: “No se trata solo de economía. El clima de negocios también depende de condiciones institucionales firmes y previsibles. No alcanza solo con la estabilidad; sin institucionalidad no hay país que prospere”. En igual sentido se expresó el extitular de Cargill Hugo Kranjc, quien aseveró que “sin seguridad jurídica, la Argentina perderá su oportunidad”.
Con todas las letras lo han dicho nada menos que quienes se hicieron acreedores al Premio Nobel de Economía en 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson: las fallas institucionales perpetúan la pobreza y la desigualdad, dos variables que explican el estancamiento argentino.
Son lógicas las dudas de cualquier potencial inversor en un país como el nuestro, acostumbrado a la inestabilidad económica y a los desbordes del populismo, y donde a lo largo de casi dos décadas el kirchnerismo embistió contra las bases del capitalismo democrático. Lejos de gobernar para un futuro mejor, las gestiones de los Kirchner y de Alberto Fernández pusieron por delante la concentración del poder y la búsqueda de impunidad. Y uno de sus más destacados voceros, el exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acuñó una nefasta e inolvidable frase cuando dijo que “seguridad jurídica y clima de negocios son palabras horribles”.
El desapego por ciertos procedimientos constitucionales o los recurrentes ataques del poder político a periodistas, economistas y todos aquellos que expresen disidencias solo pueden infundir temores y ahuyentar inversores
Pocos pueden olvidar que, durante esos años, se expropiaron empresas privatizadas, se estatizaron las AFJP, se destruyó la moneda, se falseó el índice de inflación, se estafó a bonistas, se controlaron precios, tarifas y alquileres, y se prolongó un cepo cambiario que terminó dejando al país sin reservas.
Aunque el electorado argentino parece haber cambiado sustancialmente, el temor al retorno de visiones según las cuales el Estado no es el problema sino la solución de todo hace que muchos duden a la hora de arriesgar su capital en un proyecto productivo.
En los últimos días recién se confirmó la aprobación del primer proyecto minero en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la iniciativa Rincón, de la compañía Río Tinto Lithium, por la cual se invertirán 2700 millones de dólares en Salta.
Muchos observadores se preguntan por qué no hemos asistido hasta ahora a una avalancha de anuncios sobre inversiones millonarias en el contexto de los estímulos impulsados desde el Gobierno. Una explicación guarda relación con el temor de empresarios y potenciales inversores a un retorno al poder del kirchnerismo. Ningún empresario está dispuesto a invertir grandes capitales en un país si percibe que la estabilidad política no está asegurada por muchos años y si la seguridad jurídica pende de un delgado hilo que puede ser sacudido por los vaivenes electorales. Hay, sin embargo, otra razón que puede asustar a inversores: la tendencia de un gobierno a despreocuparse por algunas formas que hacen a la esencia de todo sistema republicano.
Así como los decretos de necesidad y urgencia nunca ostentarán la legitimidad y solidez que tienen las leyes aprobadas por el Congreso, también el desapego por ciertos procedimientos constitucionales o los recurrentes ataques del poder político a periodistas, economistas y todos aquellos que expresen disidencias solo pueden infundir temores y ahuyentar inversores.
Recuperar la credibilidad internacional, requisito indispensable para la llegada de inversiones productivas y el acceso al crédito, constituye para los argentinos un objetivo que no se cumplirá de la noche a la mañana. Pero cuanto más hagan las actuales autoridades nacionales por no parecerse a las administraciones kirchneristas que las antecedieron, menor será el tiempo que demandará alcanzar aquel logro. Y para eso, el Gobierno deberá estar absolutamente persuadido de que no alcanza con solo dar señales de ordenamiento en materia fiscal y cambiaria, sino que es menester abandonar cualquier atisbo de intolerancia política y entender que el equilibrio macroeconómico debe ser acompañado por el equilibrio emocional de quienes han sido elegidos para conducir el país.
