Alertan por un «deterioro acelerado» de la libertad de expresión en la Argentina durante el primer año de la gestión Milei

El relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Pedro Vaca Villarreal, alertó en su informe anual por un “deterioro acelerado de la libertad de expresión en la Argentina”, durante el primer año del gobierno de Javier Milei.

Allí planteó que ese deterioro se produjo en 2024 en la Argentina principalmente debido a “la baja tolerancia» del gobierno de Milei «hacia las críticas y los procesos deliberativos”, así como “discursos estigmatizantes desde altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también registró un aumento de las agresiones contra la prensa en la cobertura periodística de protestas sociales, así como restricciones a la prensa en Casa Rosada, al acceso a la información pública y al funcionamiento de los medios públicos, en una tendencia que tiene a profundizarse.

En su informe anual, que fue aprobado en marzo pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator Vaca planteó cuál es la situación de la libertad de expresión en toda la región y le dedicó 11 páginas a la Argentina.

«El Presidente de la República ha sostenido un discurso recurrente y constante de estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación, acusándolos de ser ‘corruptos’, ‘delincuentes con micrófono’, ‘mentirosos’, ‘ladrones’, ‘difamadores’ y ‘extorsionadores’, entre otros calificativos lesivos a la labor informativa, en contextos donde la prensa hacía publicaciones sobre asuntos o debates de interés público», sostuvo el informe de la Relatoría de la OEA.

Y agregó: «Además, ha manifestado públicamente que ‘el 85% de los medios miente todo el tiempo’. Estas expresiones están frecuentemente dirigidas a periodistas y medios que han publicado información crítica o cuestionamientos a políticas gubernamentales. La RELE advierte que estos hechos no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de lo que el gobierno ha denominado una ‘batalla cultural’, que incluiría el señalamiento de determinados comunicadores y medios como opositores y enemigos».

El informe destacó que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) registró un aumento del 24% en las agresiones a periodistas, entre abril y julio del año pasado. Y destacó que el 71% de los casos implicaron algún tipo de violencia estatal, «siendo el 27% de los ataques atribuidos directamente al Presidente de la Nación».

La relatoría de Libertad de Expresión también mencionó la preocupación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) «por lo que caracterizó como un clima ‘hostil’ para el trabajo de la prensa, alertando que ‘hay una clara asimetría entre un Presidente y un periodista. Las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física'».

En simultáneo, la Relatoría recibió informes violencia digital contra mujeres periodistas en Argentina, caracterizado por ataques coordinados en redes sociales con componentes de violencia basada en género, señalamientos estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado, y el uso de canales oficiales para amplificar narrativas discriminatorias».

«La Relatoría ha señalado de manera consistente que las declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios públicos contra periodistas pueden contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, y en consecuencia pueden colocar a periodistas y comunicadores en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques», sostuvo el informe.

El relator Vaca estuvo hace dos semanas en la Argentina, en una visita informal, por cuestiones académicas, pero aprovechó la ocasión para interiorizarse sobre la evolución en la situación de la libertad de expresión en el país, ya que este año se profundizaron las restricciones a las libertades de expresión y de prensa, luego de que el presidente Milei convocara a sus seguidores a «odiar más a los periodistas» y las fuerzas de seguridad agredieran con mayor violencia a periodistas, fotógrafos y camarógrafos que cubren las protestas sociales.

Causas judiciales

La Relatoría mencionó en su informe las «acciones judiciales contra trabajadores de prensa por su labor informativa», como las que presentó el año pasado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra Nancy Pazos y Darío Villarruel. Y también una demanda por dos millones de dólares presentada por el empresario tabacalero Pablo Otero, contra el periodista Andrés Sanguinetti, «tras negarse a eliminar un artículo sobre presunta elusión impositiva y actividades de lobby de su empresa».

«El uso del derecho penal o de acciones civiles desproporcionadas para limitar la libertad de expresión sobre asuntos de interés público contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos», indicó el informe de la Relatoría de la OEA.

El informe de la RELE destacó los juicios que iniciaron el año pasado los periodistas Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia contra Milei. En este último caso, la Cámara Federal revocó un inicial sobreseimiento del Presidente, «estableciendo que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública».