A diez años de la primera marcha del Ni Una Menos, que nació tras el femicidio de Chiara Páez en 2015, el movimiento feminista enfrenta nuevos desafíos y renueva la necesidad de manifestarse frente a un contexto político nacional que desfinancia y cierra de programas de acompañamiento; a la vez que deslegitima su lucha a través de discursos de odio y mayor hostilidad.

Según el observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos, de Mumalá, desde el 2015 hasta hoy, se registraron 2.590 femicidios y travesticidios en la Argentina, esto significa que una mujer o persona trans es asesinada cada 33 horas. En Misiones hubo 82 femicidios en la última década.

A una década de la primera movilización de Ni Una Menos, la realidad para miles de mujeres y diversidades continúa siendo alarmante en Argentina. “Hoy las mujeres y diversidades que atraviesan violencias machistas no tienen a dónde recurrir, ni en qué programa estatal apoyarse”, advirtió la referente de Mumalá en Misiones, al ser consultada por este medio.

En estos diez años, el movimiento feminista logró instalar la agenda de género y visibilizar la violencia machista como un problema estructural que atraviesa a la sociedad entera. Sin embargo, los datos y los testimonios muestran que la respuesta estatal se ha desmantelado en el último tiempo, especialmente con el recorte de políticas públicas clave que sostenían la contención y el acompañamiento a las mujeres que buscan salir de situaciones violentas.

Uno de los principales retrocesos es la eliminación del Programa Acompañar, que brindaba apoyo económico a mujeres y diversidades en situación de violencia de género. “Era un recurso que permitía dar ese primer paso para alejarse de los violentos”, explicó la referente de Mumalá. El programa, junto con el Plan Enia –que abordaba la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y garantizaba la ESI como herramienta de prevención–, dejaron de estar disponibles este año, dejando a muchas personas sin el respaldo mínimo para comenzar a reconstruir su vida.

Estos retrocesos se producen en un contexto económico que agrava aún más la situación de vulnerabilidad. “La pobreza está feminizada y esto incrementa el riesgo para las mujeres y sus familias”, señaló. La precarización laboral, la inflación y la falta de acceso a oportunidades económicas golpean de lleno a mujeres y diversidades, quienes históricamente han sido relegadas en el mercado laboral y en los ámbitos de toma de decisiones.

La referente enfatizó que, mientras las políticas públicas desaparecen, las cifras de violencia aún existen. “Desde 2015 hasta hoy, registramos 2.590 femicidios y travesticidios en todo el país. Es una cifra que habla de un Estado ausente”, remarcó. El 2017 fue el año que se registraron mayor cantidad (304) y la cifra más baja fue en 2021 (222). Desde comienzos de este año hubo 93 femicidios -uno cada 31 horas-; además se registraron 344 intentos de femicidios a nivel nacional; 61 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres.

Además, la falta de presupuesto y de políticas integrales atenta contra la Ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485), sancionada en 2009 y aún vigente. Esta ley establece que el Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todas sus formas. “La ley está, pero sin recursos para aplicarla es letra muerta”, lamentó la referente.

La situación se vuelve aún más crítica en el interior del país, donde el acceso a la justicia, a las redes de contención y a los refugios es más limitado. En Misiones, la violencia de género se combina con las desigualdades sociales y la falta de acceso a derechos básicos, lo que deja a las mujeres en una situación de mayor indefensión.

A pesar de estos desafíos, la referente de Mumalá recordó que el movimiento feminista no va a retroceder. “A diez años del Ni Una Menos, tenemos que seguir saliendo a la calle y reclamando un Estado presente. Las mujeres y las diversidades necesitamos políticas públicas reales, no promesas vacías”, afirmó.

En las últimas semanas, el contexto nacional se ve atravesado por una política de ajuste que impacta de lleno en las áreas más sensibles para las mujeres y diversidades. Organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que el desfinanciamiento de programas y el cierre de instituciones de apoyo atenta contra la vida de miles de personas que dependen de estas herramientas para salir de situaciones de violencia.

Frente a este panorama, el reclamo es el mismo que hace diez años: “Ni una menos. Vivas nos queremos”. Un lema que nació como un grito colectivo y que hoy, más que nunca, exige políticas públicas concretas, presupuestos con perspectiva de género y un Estado que garantice los derechos conquistados. Porque cada vida que se pierde por femicidio o travesticidio es una deuda que el Estado no puede seguir postergando. 

En cifras

304

El 2017 fue el año en que se registraron mayor cantidad (304) y la cifra más baja fue en 2021 (222). Desde comienzos de este año hubo 93 femicidios.