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El Ejecutivo nacional se limitará a “regir, supervisar» y, solo de modo complementario, a asistir a jurisdicciones locales cuando «no dispongan de recursos financieros». La autoridad de aplicación de la ley pasará a ser la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Capital Humano. Entre los argumentos del Gobierno para la descentralización, apela a la estigmatización de las organizaciones sociales.Leer más
