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El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos anunciado por el gobierno nacional consiste fundamentalmente en la simplificación del cumplimiento tributario y la reducción de la carga burocrática para las personas humanas y jurídicas con el propósito de incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón”.
Con ese objetivo se anunció que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejará de pedir cierta información de los consumidores, como por ejemplo compras con tarjetas de crédito, compraventa de vehículos usados, pago de expensas, transferencia de inmuebles y consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía.
Era tal el cúmulo de información que recibía la ARCA de distintos agentes obligados a informar que resultaba difícil procesarla adecuadamente y actuar en consecuencia. Se cumplía con una formalidad exigida normativamente que era de poca utilidad y causaba una pérdida de tiempo, además de costos considerables. Cuando desde el Estado se pretende controlar todo, habitualmente se termina no controlando nada.
Además de inútil, el régimen de información que se acaba de derogar resultaba perverso, por cuanto se incentivaba a bancos y a otros profesionales a delatar a sus propios clientes, incluso por operaciones de menor cuantía.
La eliminación de informar a la ARCA sobre determinadas operaciones, así como también el aumento de los umbrales a partir de los cuales se deberán informar las operaciones en cuentas bancarias, incluyendo acreditaciones, extracciones, saldos y consumos con tarjetas, va en la dirección correcta. No obstante, habrá que esperar para conocer cómo se actualizarán las normas y regulaciones vigentes para prevenir el lavado de activos o el financiamiento de actividades ilícitas o del terrorismo.
Economistas y expertos en el combate contra esos delitos son cautos acerca del plan que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, para incentivar el uso de los dólares que los argentinos tienen en la economía informal. Más aún cuando el titular del Palacio de Hacienda manifestó en una reciente entrevista: “Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones”. No menos importante, y en igual sentido, fue que el presidente Javier Milei expresara: “A mí no me importa de dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo”.
El Fondo Monetario Internacional advirtió que las autoridades argentinas se comprometieron con el organismo a “fortalecer la transparencia financiera y respetar las normas antilavado” y señaló que “cualquier medida nueva incluida que pueda tener como objetivo alentar el uso de activos no declarados debe ser coherente con estos compromisos”. Al respecto, la vocera de ese organismo internacional, Julie Kozack, señaló: “Sobre los activos no declarados, lo único que puedo decir ahora es que estamos viendo lo que está ocurriendo con suma atención. El equipo realizará una evaluación a su debido tiempo”.
Para despejar cualquier tipo de duda, el artículo 8 del decreto 353/2025 establece que ninguna de sus disposiciones ni de las normas que se dicten en su consecuencia liberará a las personas humanas, jurídicas y organismos públicos –mencionados en el artículo 20 de la ley Nº 25.246 y sus modificaciones– de las obligaciones impuestas por la legislación vigente orientada a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Cualquier debilitamiento de esas normas no solo pondría en alerta al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en una nueva evaluación podría bajar la calificación de la Argentina, sino que también obstaculizaría el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las transferencias internacionales quedarían sujetas a mayores controles y no podrían descartarse cierres de cuentas de bancos corresponsales, con el consiguiente aumento de costos en las transacciones, generando un impacto adverso en la economía nacional.
