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Previo a la exposición del fiscal Pablo Di Loreto, quien solicitó penas de 8 y 6 años de prisión para los dos gendarmes enjuiciados por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos en Misiones, las abogadas querellantes en representación de Arca (ex Afip), Rossana Sienra y Yamila Amado, brindaron detalles del perjuicio económico sufrido por el Estado y estimaron que la organización alcanzó a exportar 9o.000 toneladas sin efectuar ningún tributo, lo que se traduce en una pérdida estimada de 36 millones de dólares para las arcas del país.
Las letradas se explayaron durante una hora ante el Tribunal Oral Federal de Posadas (TOF) presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira, instancia en la hicieron un repaso global de la causa, desde la denuncia que dio inicio al expediente, hasta las medidas investigativas efectuadas y el rol atribuido a cada uno de los integrantes de la organización, entre los cuales ubicaron los gendarmes imputados Marco Antonio Duette (50) y Ricardo Fabián Gómez (53), pero también pusieron cifras al daño económico producido con las maniobras de evasión.
“Si algo le sobra a esta causa es carga probatoria. Tal es así que 9 de los 11 imputados aceptaron un juicio abreviado”, plantó bandera Sienra, dando cuenta que, a excepción de Duette y Gómez, la totalidad de la banda admitió su responsabilidad en el caso, entre ellos el empresario Santiago Marino, una de las figuras más importantes de la trama.
Para Sienra y Amado, mediante lo recolectado durante el debate oral quedó completamente acreditado que ambos uniformados formaban parte activa de la organización, dedicándose a la liberación de las rutas 14 y 2 para asegurar el paso de los camiones que transportaban los granos hacia puertos clandestinos ubicados a la vera del río Uruguay, a la altura de localidades como Colonia Aurora, Colonia Alicia y El Soberbio, por donde eran cruzados hacia Brasil.
Las letradas explicaron que en base a los 193 CD de escuchas telefónicas efectuadas se desprende que la tonelada de soja en Brasil valía 400 dólares, lo que significaba una ganancia mucho de lo que se podría obtener en el mercado legal argentino producto de la política cambiaria y las retenciones que imperaban durante 2020 y 2021. El negocio era tal que en una de las escuchas uno de los imputados en la maniobra afirmó que “eso de la soja deja más plata que la falopa”.
Para graficar aún más la magnitud del esquema evasor orquestado por la banda y “el daño inmenso efectuado al Estado en general y al Arca”, las querellantes tradujeron todo en cifras.
Al igual que la Fiscalía, la querella solicitó 8 y 6 años de prisión para los imputados Duette y Gómez.
Dólares frescos
En primer lugar, describieron que al momento de los hechos Misiones tenía una producción anual de 10 toneladas de soja y requería otras 10 toneladas provenientes de otras provincias para cubrir lo requerido por las dos únicas industrias y los pequeños consumidores que hacían uso este cultivo.
Sin embargo, solo entre enero y octubre de 2021 a la tierra colorada ingresaron 100 toneladas de soja, de las cuales 90 fueron a parar a Brasil, sin tributar absolutamente nada.
“Si cada tonelada de soja en Brasil se pagaba 400 dólares. Las 90 toneladas perdidas hablan de una operatoria de aproximadamente 36 millones de dólares”, calculó Sienra y acotó: “Acá todos se enriquecieron a partir del Estado nacional”.
Tal es así que la letrada describió que con las ganancias obtenidas ilegalmente Santiago Marino no solo construyó en San Javier el complejo turístico Palmar del Río, sino que también adquirió otras 103 hectáreas de tierra en la provincia.
Por todo lo expuesto, las letradas no solo efectuaron el mismo pedido de prisión planteado por el fiscal Di Loreto, sino que también solicitaron que a la hora de dictar sentencia el tribunal ordene el decomiso de todos los bienes que fueron fruto de estas maniobras: vehículos, propiedades, remanentes de soja, dinero en efectivo ya incautado y hasta el dinero puesto en plazos fijos.
“Necesitamos que todo esto sea reparado”, culminaron las abogadas de Arca.
El debate oral continuará el próximo 9 de junio, instancia a la que será el turno de alegar para los abogados defensores Carlos Larraburu y Augusto Leguiza.
El fiscal Pablo Di Loreto y la abogada Rossana Sienra, protagonistas del día en el juicio contra los gendarmes.
FOTO PRINCIPAL: gauchazh.clicrbs.com.br
Piden 8 y 6 años de cárcel para gendarmes por facilitar contrabando de soja
