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A pedido de las querellas, el juez federal Ariel Lijo recordó las obligaciones que tiene el Estado argentino frente al excentro clandestino. También encomendó realizar tareas de mantenimiento en la isla El Silencio, que funcionó como anexo del campo de concentración en 1979. Si no lo hace, le advirtió a Alberto Baños, estaría violando la ley.Leer más
