Los «perdones impositivos» del Estado suman casi US$ 40.000 millones al año

Argentina pierde recaudación por casi 5 puntos del Producto Bruto Interno por distintos sistemas de excepción impositiva, lo que equivale a resignar algo menos de 40 mil millones de dólares por año. Pero a pesar del indeclinable objetivo libertario de sostener el superávit fiscal, el Gobierno aún no abrió la discusión sobre los distintos regímenes de dispensa fiscal.

Hoy conviven en el país variadas formas de eximir de impuestos a los contribuyentes. La promoción económica es la más conocida pero no necesariamente que más recursos involucra.

Los sistemas de promoción, que aspiran a estimular ciertas actividades productivas o zonas del país, privan al Estado de recaudar fondos por el equivalente al 0,43% del PBI, lo mismo que hubiese costado por año la nueva fórmula de movilidad jubilatoria vetada hace meses por el Poder Ejecutivo.

El controvertido régimen de Tierra del Fuego implica la mitad de ese tipo de esfuerzo fiscal. En valores absolutos, se deja de recaudar 1,3 billones de pesos anuales porque las industrias radicadas en el extremo austral del país no pagan IVA ni a sus compras ni a sus ventas, ni Ganancias, ni impuestos a la importación y los electrónicos tributan una alícuota reducida de Impuestos Internos.

Por ejemplo, algo similar a lo que le cuestan al Estado todas las deducciones sobre el Impuesto a las Ganancias: 0,18% del PBI, según estimaciones de la cartera de Luis Caputo.

Esta pérdida anual equivalente a unos 1.100 millones de dólares en cada ejercicio fiscal tiene como contrapartida el desarrollo de la industria en un enclave algo inhóspito para la vida estable, pero útil para el ejercicio de la soberanía.

Contras y pros

Antes de llegar a la Casa Rosada, Javier Milei cuestionaba el régimen que hoy tiene a los empresarios Nicolás Caputo (Mirgor) y Rubén Cherñajovsky (Newsan) entre los principales beneficiarios del ensamblaje de electrónicos.

Pero la última versión pública presidencial sobre el tema fue reconocer que el régimen promocional creado hace varias décadas generó derechos adquiridos en las empresas instaladas, lo que haría muy oneroso para el fisco asumir una eventual indemnización.

No es, sin embargo, un tema indiferente para el Gobierno, que puso el foco en una de sus consecuencias: teléfonos, computadoras y electrodomésticos fabricados en el sur y protegidos de la competencia externa, resultan muy caros para el consumidor argentino. De ahí la decisión de bajar aranceles, a fin de facilitar el ingreso de productos importados que ayuden a contener los precios en góndolas.

Sin embargo, la promoción industrial no es la causa de la mayor pérdida recaudatoria. Existen también excepciones al pago de impuestos dispuestas en las propias leyes de los tributos o en normas especiales de perdón fiscal.

Un ejemplo es el del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, que tiene dos versiones de lo que Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) llama “renuncias recaudatorias”.

Una es la falta de actualización periódica, a semejanza del Impuesto al Carbono. Estos tributos sobre la nafta y el gasoil deberían ajustarse trimestralmente según la evolución de los precios, pero desde la gestión de Alberto Fernández se vienen salteando la mayor parte de esos ajustes periódicos para evitar que se desmadren los precios en surtidor.

En otras palabras, para moderar las subas en naftas y gasoil, Economía resigna recaudación.

Según estima la consultora Economía y Energía, ese rezago le hace perder al fisco el equivalente a 200 millones de dólares mensuales. Unos US$ 2.400 millones al año.

El problema es que otro tanto se pierde por exceptuar del pago de Combustibles a varias categorías de usuarios, los patagónicos, entre ellas. Según registra un documento de Economía, esto implica un recorte en la recaudación por 2,7 billones de pesos, equivalente a 0,36% del PBI.

Cuando el otrora ministro de Economía Sergio Massa defendía desde la gestión de Hacienda su candidatura a presidente de la Nación, envió el proyecto de presupuesto nacional 2024 con una “separata” que transfería a los legisladores nacionales la responsabilidad de lograr superávit fiscal eliminando gastos tributarios, una de las categorías de esos perdones fiscales.

Entre otros llamados de atención, Massa sugería la revisión de sistemas promocionales, la eximición de Ganancias a los jueces que asumieron antes de 2017 y restituir Bienes Personales sobre los dueños de los campos.

Para eludir un gravamen que afecta a los individuos, los propietarios rurales constituyen sociedades, que son las dueñas de las tierras frecuentemente arrendadas. El campo no es para ellos un bien productivo sino fuente de una renta.

Hace unos años se abrió una discusión académica y política sobre este punto, pero la administración de Mauricio Macri la zanjó con una disposición que los bloqueó definitivamente del gravamen a los tenedores de campos de Argentina, así como a los 450 residentes que eligieron ser propietarios rurales en países limítrofes, donde no están presionados por las retenciones, aunque paguen hasta 40% más en dólares el valor de la hectárea.

Otro conjunto de beneficiados fiscales a los que ningún debate roza son los directores de sociedades anónimas, profesionales de prestigio que deben avalar la gestión del directorio de una gran compañía e intervenir en decisiones estratégicas como compras o fusiones.

Su valorado aporte se remunera entre 60 y 100 mil dólares al año, cifra por la que no tributan Impuesto al Valor Agregado como sí lo hace cualquier responsable inscripto. Lo que sorprende es el impacto presupuestario de esa prerrogativa: 0,48 del PBI.

Sumados todos los sistemas de renuncias impositivas estatales, el costo fiscal redondea un 4,7% del PBI, según estimaciones oficiales previas a la gestión libertaria, no objetadas por ésta.

Ese esfuerzo público coloca a la Argentina casi al tope de un ranking regional, junto a Brasil (4,5% del PIB) y Ecuador (4,3% del PIB), aunque debajo de Colombia (7,8%), valores consignados por un análisis de la Plataforma Regional de Reforma Tributaria para América Latina y el Caribe.

Se trata del equivalente a casi 40 mil millones de dólares anuales, lo que costaría durante una década entera prorrogar la moratoria previsional y mejorar el auxilio a los discapacitados que impulsa en estos días la oposición.

A priori una proeza fiscal que posiblemente se justifique si los objetivos de la exención tributaria es correcto y se alcanza. Pero también entraña el riesgo de generar injusticias que sólo podrían corregirse si la discusión de política pública las aborda.

Es posible que el tema sea parte de una próxima reforma tributaria, en caso que el oficialismo fortalezca su posición parlamentaria con más legisladores tras las elecciones de octubre. Ampliar la base de los impuestos que ya existen requiere el aval del Congreso, objetivo muy desafiante para cualquier administración de la Casa Rosada.

Por ahora, subir impuestos o crear nuevos es una cuestión prohibida según la lógica del discurso oficial. Aún cuando se trate de subsanar alguna eventual injusticia previa.