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Cristina Kirchner ya está presa. Es un caso único en la historia del país, ni siquiera comparable con la prisión domiciliaria de Carlos Menem. Este fue encarcelado en una quinta de Don Torcuato con una prisión preventiva, que es la que provisoriamente puede disponer un juez de primera instancia cuando estima que hay peligro de fuga o el encartado puede entorpecer la investigación. La prisión preventiva es distinta a una prisión dispuesta por una condena definitiva, como es el caso de Cristina Kirchner. Los otros presidentes constitucionales que fueron encarcelados (Hipólito Yrigoyen o Arturo Frondizi) sufrieron la prisión y el confinamiento luego de haber sido derrocados por militares. Ellos sí fueron presos políticos, no políticos presos. Cristina Kirchner es, además, la primera presidenta presa por haber cometido actos corruptos durante su administración. La prisión preventiva de Menem fue por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia (los dos países estaban en guerra), pero nunca se supo por qué su gobierno cometió ese delito. Nunca se estableció, en definitiva, si fue a cambio de sobornos o si fue una consecuencia de compromisos con gobiernos extranjeros. No obstante, debe agregarse que el gobierno de Menem estuvo saturado de denuncias de corrupción. Se lo mire desde el ángulo que se lo mire, el caso de Cristina Kirchner es único en la historia nacional y podría sentar un importante precedente para la pertinaz impunidad de la corrupción política argentina. Desde ayer, los gobernantes locales saben que pueden terminar en la cárcel si tocan (o reciben) dinero de manera indebida en el cumplimiento de sus funciones públicas.
El tribunal oral que la juzgó y la condenó por primera vez por defraudación al Estado, con una pena de seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, era el encargado de ejecutar la sentencia, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara el martes de la semana pasada esa resolución, que también había sido ratificada por la Cámara de Casación. Quince jueces coincidieron en el delito y en la pena. El tribunal oral comenzó cometiendo un error: le dio a Cristina Kirchner ocho días corridos (cinco días hábiles) para que se notifique de la sentencia e inaugure su condición de política encarcelada por hechos de corrupción. Cualquier otra persona en tales circunstancias es notificada en el acto y enviada inmediatamente a prisión hasta que el juez dictamine de qué forma cumplirá la prisión. Cristina Kirchner aprovechó ese tiempo libre para hacer política, desde el balcón de su departamento en el barrio de Constitución o desde el living recibiendo a dirigentes peronistas, sobre todo kirchneristas leales a ella.
La puerta del edificio se convirtió en una pasarela de la crema y nata del cristinismo, ya sea José Mayans, el eterno jefe del bloque de senadores peronistas, o Carlos Zannini, su más confiable asesor político y jurídico, pasando por los infaltables dirigentes de La Cámpora. El cristinismo no hace nada sin la autorización previa de Cristina. Ella autorizó, por lo tanto, la convocatoria a una masiva marcha para este miércoles porque se suponía que iría a los tribunales de Comodoro Py para notificarse. El gobierno nacional pasó entonces de la preocupación al temor porque el peronismo hacía trascender que a la marcha irían entre 200.000 y 300.000 personas. Cristina Kirchner había decidido convertir su prisión en una arma política para mantener su vigencia como jefa del peronismo y dueña de la lapicera que escribirá los nombres de los candidatos en las próximas elecciones legislativas de octubre.
Este martes, el tribunal oral que está ejecutando la pena cambió las reglas del juego y le arruinó, en parte al menos, el espectáculo que preparaba la señora de Kirchner. El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, decidió fijar en conjunto las condiciones de la prisión de ella. Podía hacerlo solo el presidente, Gorini, como juez de ejecución, pero también podía hacerlo el tribunal íntegro porque la pena no había comenzado a cumplirse. Decidieron socializar la decisión, quizás para que toda la carga política no cayera en uno solo de esos magistrados. Antes, el fiscal general Diego Luciani, y su adjunto Sergio Mola, se habían pronunciado en contra de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. No veían, en síntesis, las condiciones para otorgarle una excepción a la exjefa del Estado.
La prisión domiciliaria después de los 70 años no es una regla, sino una excepción, que el juez de ejecución (el tribunal, en este caso) debe analizarla prolijamente antes de concederla. Los fiscales consideraron que Cristina Kirchner estaba en condiciones de cumplir la sentencia en una de las dependencias federales de las varias que había propuesto el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero, precavidos, los fiscales advirtieron que en caso de que la dejaran en prisión domiciliaria, ese encierro debía sujetarse a estrictas “normas de control y seguimiento”. También plantearon sus “dudas” sobre la conveniencia de que ella cumpla la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José, sobre todo porque significa un infierno para la vida cotidiana de los vecinos.
Cientos de jóvenes camporistas acampan durante las 24 horas de los siete días de la semana en las cercanías del departamento. Es tan dramática la situación de los vecinos que el gobierno de la ciudad se presentó formalmente ante el tribunal oral y le pidió que la prisión, si disponía una prisión domiciliaria, la cumpliera en otro lugar. La presentación la hizo el procurador general de la Capital, Martín Ocampo, quien es el jefe de los abogados del gobierno capitalino. Según fuentes de los tribunales, Ocampo describió en un documento de más de 200 páginas un calamitoso escenario de suciedad y de ruidos alrededor del departamento de Cristina Kirchner. Todas las necesidades corporales se evacuan en veredas y calles; muchas calles están cortadas y, encima, el griterío del fanatismo es una presencia constante.
En alguna medida, el tribunal oral reparó ayer su error inicial cuando decidió cómo iba a ser la prisión y qué requisitos debía cumplir, antes de la fecha que había fijado Cristina Kirchner, que era este miércoles. La manifestación que el peronismo programaba ya no tiene sentido, al menos tal como estaba prevista. Inclusive, La Cámpora había distribuido en las redes un flyer convocando a su militancia a acompañar a Cristina Kirchner desde su casa hasta Comodoro Py y desde estos tribunales hasta su casa de Constitución. La lideresa ya no estará al frente de nada porque el tribunal la confinó un día antes en su domicilio, pero es probable que el peronismo (y el cristinismo, más que nada) se movilice este miércoles a la Plaza de Mayo.
El tribunal eligió fórmulas muy generales para la escritura de su resolución, pero pueden entenderse fácilmente. La manera de escribir que eligieron los jueces es tan general que les permitirá en adelante contar con un generoso margen para establecer qué estará dentro y qué estará fuera de la norma. Por ejemplo: las salidas al balcón estarán prohibidas o serán muy limitadas, establecieron los magistrados cuando escribieron que “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”. Ellos decidirán cuáles serán esos comportamientos, pero antes ella tendrá que decidir si sus actos violan o no la resolución de los jueces. Tendrá que estar atenta. El tribunal no le evitó ni siquiera que deba llevar una tobillera electrónica. Su defensa había pedido que no la cargaran con ese artefacto; en rigor, la tobillera es una imposición de la ley para todos los que se benefician con la prisión domiciliaria. De hecho, el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy estuvo con tobillera electrónica hasta mayo pasado, cumpliendo también una condena por delitos de corrupción y tráfico de influencias.
El tribunal le puso igualmente a Cristina Kirchner serios límites para las visitas que recibirá en adelante: solo podrán ser familiares, médicos, abogados y la custodia policial. En las próximas horas ella deberá entregar la lista de sus visitas, que, según las precisiones del tribunal, no podrán integrar dirigentes políticos. El tribunal no lo dice con esa claridad, pero entre los rubros señalados por los jueces para sus posibles visitas no están los dirigentes de su partido ni políticos en general. O, en todo caso, deberá pedir autorización si quiere recibir a alguien que esté fuera de la lista aprobada por los jueces. Por lo que se deduce de esa escritura, la custodia de la expresidenta se repartirá entre sus custodios tradicionales (por eso los jueces le piden la lista de su custodia) y efectivos del Servicio Penitenciario Federal, el único que está habilitado para hacer el seguimiento de la tobillera electrónica que ella deberá portar noche y día. La defensa había pedido que ella continuara solo con la custodia que les corresponde a los expresidentes; Cristina Kirchner tiene a su disposición una custodia cuatro veces más grande que cualquier otro expresidente. Esos magistrados habían decidido antes de fijar tales condiciones, aunque con un lenguaje muy amplio, que no aplicarían la ley según la cara del cliente.
De cualquier forma, todo está por verse. Según fuentes seguras, los fiscales Luciani y Mola se tomarán unos días (tienen diez días hábiles) para decidir si apelarán −o no− la decisión del tribunal oral ante la Cámara de Casación, donde concluiría cualquier decisión sobre las condiciones de la prisión de Cristina Kirchner. No existe una cuestión federal ni constitucional como para que el caso llegue, si es que eso se pretende, a la Corte Suprema. Es solo la ejecución de una pena. La paciencia de los fiscales significa implícitamente que, en principio, no les cayó tan mal la resolución de los jueces sobre las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, aunque ellos habían propuesto que cumpla su pena en dependencia del Servicio Penitenciario Federal.
Máximo Kirchner podría cumplir de ahora en más el papel de un delegado político de su madre, porque los jueces depositaron en él la garantía de que se cumplirá las condiciones de la prisión domiciliaria. Por ser familiar directo le estará permitido, además, el libre acceso a domicilio de la lideresa. El problema de Cristina Kirchner es que su hijo es tan resistido por la dirigencia peronista como por el común de los mortales. El país ingresó en un proceso político del que no tiene experiencia previa, y Cristina chocó con la peor de sus conjeturas.
