Un jurado popular resuelve hoy si la enfermera Brenda Agüero mató a 5 bebés en el hospital Neonatal de Córdoba

Cuando se conoció la noticia, conmocionó al país porque parecía el argumento de una película de terror: recién nacidos sanos que morían a las pocas horas en un hospital y, detrás, la sospecha de que la mano asesina era una enfermera. Tres años después, un jurado popular deberá resolver este miércoles la suerte de la acusada, Brenda Agüero, respecto de las muertes de esos cinco bebés en el hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo” de Córdoba.

El juicio comenzó el 6 de enero y es uno de los más importantes que se realizó en Córdoba. A lo largo de seis meses de audiencias, se analizó también la responsabilidad de médicos del hospital (incluida su ex directora, Liliana Asís) y de varios funcionarios públicos, entre ellos quien era la máxima autoridad sanitaria de la provincia en ese momento, el ministro Diego Cardozo.

Una historia de terror

Cuando habló en el juicio, el 14 de enero, el testimonio de Vanessa –que declaró vestida con una remera con el rostro de su bebé– fue desgarrador: “Le reventaron el corazón. El corazón de mi hijo estaba totalmente destruido”. Esa misma mañana, también se descompensó Uma, la hija de Natalí Martínez. La beba logró sobrevivir.

Pasó un mes, y otra vez la tragedia: el sábado 23 de abril murió Benjamín, el primer hijo de Damaris Bustamante. La mujer realizó un detallado relato de la violencia obstétrica que sufrió y contó que alcanzó a tener a su bebé en brazos 40 minutos. Fue la primera madre en dar testimonio en el juicio, y una de las más duras en apuntar contra la enfermera Agüero: “Si tu hijo se muere, va a ser tu culpa”, aseguró que le dijo la enfermera.

Damaris, madre de Benjamín, en uno de los testimonios más impactantes del juicio. Foto: La Voz

Hasta ese momento, estos casos lo adjudicaron a la vitamina K e incluso los trataron como una reacción a esa vitamina. Pero días después, con el séptimo caso, el de Gino, el hijo de Yasmín Barrionuevo, se descartó definitivamente esa hipótesis porque al bebé le encontraron dos pinchazos en la pierna derecha cuando esa inyección la recibió en la derecha.

Vanessa Cáceres, la mamá de Francisco, el primer bebé fallecido. Foto Ariel Carreras

Los casos no pararon. El 1° de mayo, Junior, el bebé de Brenda Leiva, tuvo un pico de insulina que lo llevó a estar 12 días internado. Y menos de dos semanas después, la tercera muerte: Ibrahim, el hijo de Julieta Guardia. A la familia le dijeron que se trató de una muerte súbita, pero no pudieron comprobarlo porque desde la dirección del hospital los desalentaron a realizar una autopsia.

El fin de semana siguiente se produjo la llamada «noche fatídica» que terminó siendo central en la investigación.

El hospital Materno Neonatal, donde ocurrieron las muertes. Foto Javier Cortez / Archivo

En la madrugada del lunes 6 de junio hubo cuatro casos, de los cuales dos fallecieron: Melody, la hija de Brisa Molina, y Angeline, la hija de Yoselín Rojas. Angeline fue la primera bebé a la que le realizaron una autopsia, y allí surgió el indicio del exceso de potasio. Melody, la hija de Ludmila Torres, fue una de las sobrevivientes (que sigue medicada y con secuelas) y Pilar, la hija de María Martín, la última protagonista de esta historia de terror: se salvó porque las médicas se dieron cuenta que le habían inyectado algo, presumieron que era potasio y pudieron tratarla rápidamente.

La denuncia y la investigación

Pero tuvo que pasar casi un mes para que interviniera la Justicia: no fueron las autoridades del hospital las que denunciaron las muertes, sino el ingeniero Francisco Luperi, esposo de la anestesióloga del hospital Virginia Zamora. Enterado por su mujer de las muertes y las sospechas y, para protegerla a ella, se presentó ante el juzgado el 4 de julio. «Forma parte de los deberes de un ciudadano», dijo Luperi sobre esa denuncia frente al jurado y los jueces cuando le tocó declarar en el juicio.

Liliana Asís, ex directora del hospital. Foto Ariel Carreras

La causa recayó en el fiscal Raúl Garzón, quien mandó a allanar el hospital para buscar pruebas. Finalmente, el 11 de agosto, el caso trascendió a los medios y se empezó a hablar de “una mano negra” de una enfermera que habría provocado las muertes.

Fue el 19 de ese mes cuando detuvieron a Brenda Agüero, quien desde entonces está presa en el penal de Bouwer. Según relataron varias madres en el juicio, cuando comenzaron a ver a la mujer en los medios, se dieron cuenta de que era quien las había atendido luego del parto. Algunas refirieron con precisión que por ejemplo los había acomodado o tocado, y que luego de eso los bebés comenzaron con problemas.

Los expertos que firmaron el peritaje multidisciplinario sobre los 13 casos que se presentó en el juicio no pudieron encontrar un patrón común en todos ellos, pero sí concluyeron que fueron homicidios sin lugar a dudas las muertes de Angeline y de Melody, los únicos dos casos en los que se hicieron autopsias, y que también hubo certezas de inoculación externa en tres bebés que sobrevivieron. Aseguraron que en hallaron niveles inauditos de potasio y de insulina en sangre y que “la única explicación que puede tener es que se haya aplicado de manera exógena”.

La enfermera, en la primera audiencia, el 6 de enero. Foto Ariel Carreras

En el celular de Agüero, en tanto, encontraron varios archivos sobre efectos del potasio en los bebés. La enfermera argumentó que era material de formación que tenía, justamente, por su trabajo y que se los había compartido una compañera. Siempre defendió su inocencia.

“Cuando veo que hablan de asesina serial, no puedo creer que un área que tanto amaba sea mi desgracia. De amar tanto algo, eso que amas te termina arruinando la vida«, declaró en el juicio y culpó a los medios por haber formado sobre ella una imagen falsa. En su alegato, su abogado fue en la misma línea y afirmó que la causa contra Agüero fue «armada» y que permitió cerrar mediáticamente el caso en un año electoral.

La responsabilidad de las autoridades

Una movilización de familiares pidiendo justicia, cuando estalló el caso, en 2022. Foto Javier Cortez / Archivo

Los abogados querellantes pidieron las penas máximas para los ex funcionarios y directivos, a diferencia de la fiscalía que pidió cuatro años de prisión para la ex directora y tres años en suspenso para el ex ministro Cardozo, quien está cursando un cáncer de pulmón.

El ex ministro Diego Cardozo, en una de las audiencias. Foto: Ariel Carreras

Sobre el ex funcionario, el fiscal Ruiz Moreno tuvo palabras elogiosas en su alegato: «Nos dio una lección de integridad (…) Dijo que desconfiaba de todo y de todos». El querellante Carlos Nayi, en cambio, enfatizó que «él era el máximo responsable de la salud de Córdoba». Y Germán Matheu, uno de los abogados de Cardozo, deslindó responsabilidades sobre el ex ministro porque apenas se enteró de lo que sucedía, tomó medidas: «Nadie puede encubrir algo que no conoce. Es un delito imposible”.

AS