Diputada correntina pide disolver el Instituto Nacional de la Yerba Mate

Una diputada nacional de Corrientes presentó un proyecto para la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo no estatal que durante más de dos décadas marcó las políticas productivas del sector yerbatero, apuntando especialmente a la protección de los medianos y pequeños productores. La iniciativa de Sofía Brambilla (PRO) apunta a profundizar la desregulación que inició el Gobierno Nacional en diciembre de 2023, a pedido del sector industrial.

En los fundamentos, la legisladora correntina sostuvo que durante su existencia, el Instituto “ha sido cuestionado por su escasa capacidad de intervención eficaz, superposición con organismos como SENASA y ANMAT, e ineficiencia administrativa” y que sólo generó “inseguridad jurídica, litigiosidad y costos innecesarios” para el sector.

El proyecto solicita que sea la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la que “asuma el cumplimiento de todas las obligaciones del Instituto hasta su efectiva liquidación y la creación de un fondo destinado al sector que será administrado por el mismo organismo”.

La diputada Sofía Brambilla, en el Congreso.

Agregó que “la finalidad del Fondo de la Yerba Mate es el de devolver a los integrantes de la cadena productiva del sector yerbatero lo que por muchos años le fue quitado sin que con ello tengan un beneficio específico que contribuya a mejorar las condiciones de producción, industrialización y comercialización de la yerba mate”.

En otro párrafo sostuvo que será el organismo liquidador del Instituto el que definirá “las condiciones y criterios de distribución entre los destinatarios” del Fondo Yerbatero.

Brambilla aseguró que el proyecto “busca dar respuesta a un reclamo concreto de los productores, exportadores y actores del sector, que ven en la actual institucionalidad un freno al crecimiento y la competitividad”.

La realidad es que desde principios de 2024 los productores yerbateros buscaron por todos los medios que el Instituto Nacional de la Yerba Mate recuperara la facultad de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada (seca, sin molienda) cada seis meses. Ese intento quedó trunco porque el Gobierno Nacional mantiene la acefalía del INYM.

El Gobierno Nacional hizo caso omiso a los amparos de la Justicia Federal que frenaron el proceso desregulatorio que impulsó el actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través del DNU 70/2023.

El INYM fue creado en febrero de 2002 a partir de la sanción de la Ley 25.564. La iniciativa buscaba promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y sus derivados.

El Instituto marcó un proceso de recuperación de la actividad yerbatera luego de la profunda crisis generada en la década de los 90 a partir de la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) por parte de Domingo Cavallo.

La determinación de los costos de producción y a partir de allí un precio de referencia que hiciera sustentable la actividad yerbatera marcó un crecimiento sostenido de la economía yerbatera. En dos décadas se incrementaron las plantaciones, secaderos y molinos. Además, el Instituto encaró iniciativas para intentar ganar nuevos mercados internacionales.

En Diputados ya se presentó en marzo pasado un proyecto en un sentido diametralmente opuesto. Julia Strada (Unión por la Patria), de la Provincia de Buenos Aires, se hizo eco del reclamo de los productores yerbateros y pidió la derogación del Artículo 165 del DNU 70/2023. Y pidió que se le devuelva al Instituto la facultad de volver a fijar valores de referencia en forma semestral.