La prisión domiciliaria de Cristina, en teoría, va a modificar la inusitada cantidad de efectivos policiales que decantó el atentado que sufrió el 1° de septiembre de 2022 cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cabeza. Pero hay algo que no cambia: su jefe de custodia, el comisario mayor Diego Carbone, seguirá al frente del Centro estratégico de control operacional y custodia de ex mandatarios de la Policía Federal pero en Seguridad aseguran que no se involucrará en la vigilancia de la ex presidenta condenada: allí tallará el Servicio Penitenciario Federal a través del monitoreo de la tobillera electrónica que deberá portar la titular del PJ.
Es que la decisión de la Justicia de concederle la prisión domiciliaria a la ex mandataria, en su departamento de Constitución, trajo aparejada una incómoda situación: la custodia que ella tiene como ex presidenta en teoría no debería velar por el cumplimiento de la pena que le impuso del TOF N° 2 de 6 años de reclusión.
Los cambios en la fuerza serán definitivos e incluso la DFI en un futuro podría absorber a la propia Federal. Por ahora no hay modificaciones en el organigrama de la institución. «Es una transición para que sólo quede la DFI», arriesgó otra fuente gubernamental consultada.
Aunque en la cartera conducida por Patricia Bullrich dan por cierto que el jefe policial no podrá garantizar la continuidad de los 120 efectivos policiales que protegen a Cristina. Por ejemplo, se disolverá la división fija que tenía sede en El Calafate, para dar seguridad a la ex presidenta cuando se hospedaba en «su lugar en el mundo». Es que en el ministerio explican que no tendría sentido mantener semejante despliegue de uniformados porque «solo podrá salir de su domicilio con autorización judicial», por alguna visita médica o algún trámite urgente que sea autorizado por el tribunal.
Pero hay fuentes de la Policía Federal que advierten sobre una supuesta incompatibilidad en las funciones de Carbone -que también administra la custodia de Mauricio Macri, por caso- con el control del cumplimiento de la pena de la condenada por la denominada causa Vialidad. En el gobierno, con todo, admiten que existe una intención de «no provocar» al entorno de la ex mandataria para, de esa forma, evitar episodios de violencia callejera.
Para Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del ministerio de Seguridad, la ley de Ejecución penal, N° 24.660, es clara al prohibir la custodia de reos por parte de las fuerzas policiales y asignar ese rol al Servicio Penitenciario Federal que, en este caso y a través de la colocación de una tobillera electrónica, controlará los movimientos de la ex presidenta a través de un centro de monitoreo en el que también intervienen técnicos de la Policía Federal.
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Emiliano Russo
