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Un juez federal falló a favor de una coalición de 20 estados que demandaron al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) y a su titular. Las entidades están en contra de que se les condicionen fondos por negarse a cooperar con las autoridades migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el contexto del plan de deportación masiva impulsado por el presidente Donald Trump.
Juez impide al gobierno de Trump condicionar fondos a estos estados
El juez federal de distrito John McConnell, en Rhode Island, emitió una orden preliminar en nombre de las entidades que demandaron en mayo al DOT y a su secretario, Sean Duffy, por amenazar con recortar subvenciones a quienes no apoyen al ICE.
Las acciones de Duffy violaron la Constitución, señaló el juez McConnell en el fallo, que se dio a conocer el pasado jueves 19 de junio. “El Congreso no autorizó ni otorgó autoridad al secretario de Transporte para imponer condiciones de control migratorio sobre fondos federales específicamente asignados para propósitos de transporte”, escribió.
La demanda fue presentada por California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Maryland, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin.
La demanda se dio luego de que en un memorando enviado en abril a los beneficiarios de las subvenciones del DOT, se instaba a los estados a “cumplir plenamente” con las leyes federales, lo que incluía “imponer controles sobre la inmigración ilegal”, o se arriesgaban a perder fondos para infraestructura de transporte.
“Arbitrarias y caprichosas”, juez condena las condiciones del DOT
El juez calificó las condiciones de la agencia y su titular como “arbitrarias y caprichosas en su alcance”, y también carentes de “especificidad en cómo los estados deben cooperar en la aplicación de la ley migratoria a cambio de los fondos para transporte asignados por el Congreso”.
McConnell agregó que aprobar ese comportamiento permitiría al poder ejecutivo vincular cualquier financiamiento federal a condiciones de su elección, incluso si las mismas no tienen conexión con el propósito del departamento.
Según la orden del juez, el Departamento de Transporte tiene prohibido por tiempo indefinido retener las subvenciones a los estados en función de su cumplimiento con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El fiscal de California celebra la decisión, el secretario de transporte seguirá en la pelea
Luego de que se diera a conocer la determinación del juez federal, el fiscal general de California, Rob Bonta, emitió un comunicado en el que señaló que el presidente Trump amenaza con retener fondos cruciales para el transporte “a menos que los estados acepten implementar su inhumana e ilógica agenda migratoria”.
Explicó que las subvenciones se utilizan para mejorar y mantener en funcionamiento las vías de comunicación y transportes, como: carreteras, autopistas, ferrocarriles, vías aéreas y puentes.
“Es inmoral y, lo que es más importante, ilegal. Me complace ver que el Tribunal de Distrito está de acuerdo, bloqueando el último intento del presidente de eludir la Constitución y coaccionar a los gobiernos estatales y locales para que cumplan sus órdenes mientras seguimos presentando nuestro caso en los tribunales”, precisó Bonta.
Mientras que Sean Duffy, titular del DOT, escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Esto es activismo judicial puro y simple y seguiré luchando en los tribunales”.
Añadió: “Instruí a los estados que solicitan fondos federales del Departamento de Transporte (DOT) a que cumplan con las leyes federales de inmigración. Sin embargo, no es de extrañar que un juez designado por Obama haya dictaminado que los estados pueden desafiar abiertamente nuestras leyes federales de inmigración”.
Días antes, también indicó en la red social que su agencia “no financiará a actores estatales rebeldes que se nieguen a cooperar con las autoridades migratorias federales”. Dijo que aquellas ciudades que se quedan de brazos cruzados mientras los alborotadores destruyen la infraestructura de transporte, no deben esperar ni un céntimo del DOT. “Cumplan la ley o perderán la financiación”, sentenció.
