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El Gobierno Nacional formalizó una decisión de impacto dual para el campo a pocos días del vencimiento de un decreto clave. A través de una nueva normativa publicada en el Boletín Oficial, se estableció un camino diferente para los derechos de exportación de los cultivos de invierno en comparación con los de verano.
¿Qué alícuotas pagarán la soja y el maíz?
A partir del 1° de julio, cuando entre en vigor el decreto 439/2025, las retenciones para los principales cultivos de la cosecha gruesa volverán a sus niveles anteriores. En concreto, la soja incrementará su tasa del 26 al 33% y el maíz, junto con el sorgo, lo hará del 9,5 al 12%.
El girasol también sufrirá un ajuste al alza, ya que su alícuota regresará al 7% después de un período temporal en 5,5%. La decisión, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, deja sin efecto la rebaja temporal que regía desde enero a través del decreto 38.
Productores del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) calcularon que este regreso a las alícuotas más altas significará una pérdida de recursos por casi US$1000 millones solo para la Región Centro, que comprende a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Qué sucede con el trigo y la cebada
En contraste con la situación de la soja y el maíz, el Gobierno prorrogó el beneficio para los cultivos de fina. El decreto posterga hasta el 31 de marzo de 2026 la aplicación de la alícuota del 9,5% para el trigo y la cebada, dos producciones en plena etapa de siembra. La harina de trigo, por su parte, permanecerá con una tasa del 5,5%.
Para acceder a este derecho de exportación reducido, la normativa establece una nueva condición para los exportadores. Estos “deberán liquidar al menos el noventa por ciento (90%) de las divisas en un plazo de hasta treinta (30) días hábiles de efectuada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE)”.
Este punto representa una flexibilización respecto a la norma anterior, que exigía la liquidación del 95% en un plazo de quince días hábiles, un aspecto que los exportadores señalaban como un obstáculo para el esquema financiero de las empresas. Quien no cumpla con el nuevo plazo deberá pagar la alícuota más alta, del 12%.
Según trascendió desde el Gobierno, el costo fiscal de esta prórroga representa unos US$100 millones.
Cuál es el impacto en la siembra actual
La medida no impulsó un aumento significativo en la superficie destinada a los cultivos de invierno. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) prevé una siembra total de trigo de 7,1 millones de hectáreas, apenas 200.000 hectáreas más que la campaña pasada. La entidad incluso recortó su proyección en 100.000 hectáreas por los excesos hídricos de los últimos meses.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que proyecta 6,7 millones de hectáreas, informó que la siembra de trigo alcanzó el 72,7% del área prevista. En tanto, la implantación de cebada ya cubre el 50,8% de las 1,3 millones de hectáreas proyectadas. Ambos cultivos en conjunto generan exportaciones por unos US$4000 millones.
Cómo reaccionó el sector agropecuario
En los últimos días, diversas entidades del sector manifestaron su alerta contra el regreso de las retenciones más altas. Trascendieron gestiones del ruralismo para que el maíz, cuya cosecha todavía tiene un avance pendiente del 45%, mantuviera la tasa reducida para facilitar la venta de los productores. Analistas del mercado advirtieron sobre una posible caída en la comercialización de granos con el retorno de las mayores alícuotas.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechazó la medida en las últimas horas. “Manifestamos nuestra preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los Derechos de Exportación (retenciones) aplicados a los granos, en un contexto productivo extremadamente adverso”, indicó la entidad en un comunicado.
Si bien reconoció los “avances del actual Gobierno en el ordenamiento de una economía que venía profundamente distorsionada”, la confederación insistió: “Solicitamos al Poder Ejecutivo una revisión urgente de la política de retenciones aplicadas a los granos, con el objetivo de trazar un camino de desarrollo sostenible para el agro argentino”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
