La polémica construcción de un kartódromo en una zona de la reserva de usos múltiples de las 2.000 Hectáreas atraviesa instancias decisivas. El propietario no cumplió con el proceso de habilitaciones y comenzó con las obras sin contar con la documentación exigida por la legislación ambiental vigente. La iniciativa debía contar con autorizaciones municipales y estudios de impacto ambiental, sin embargo, estos pasos no se cumplieron en tiempo y forma. Pese a eso, el circuito está construido en un 70% y no hay certezas de que pueda ser finalizado.

Las obras comenzaron a fines de noviembre del año pasado, poco después de la creación de una asociación de karting en Puerto Iguazú. Fue a partir de publicaciones en redes sociales que el Ministerio de Ecología tomó conocimiento del avance del proyecto y constató trabajos de “preparación del terreno” y “limpieza de la zona” sin autorización. Informaron al propietario que debía cumplir con un procedimiento formal previo, pero aun así los trabajos continuaron.

En enero, funcionarios municipales visitaron el lugar y confirmaron el avance de la construcción. A raíz de las observaciones realizadas por el Ministerio de Ecología en febrero, se inició el proceso de evaluación del impacto ambiental. Ese estudio fue presentado este viernes en una audiencia pública a la que asistieron investigadores, integrantes de organizaciones ambientalistas y algunos vecinos, aunque con escasa difusión previa.

Durante la audiencia, la consultora encargada expuso el informe de impacto ambiental, ya revisado por el Ministerio, que presentó una serie de observaciones a resolver. Sin embargo, los técnicos aclararon que el cumplimiento de estas recomendaciones no garantiza que la obra sea aprobada.

Los asistentes remarcaron que no se oponen a la construcción de un kartódromo en sí -por el impulso que puede significar para deportistas y el movimiento económico local-, sino que rechazan la ubicación elegida, que colinda con un área protegida que alberga selva paranaense y especies de fauna sensible al ruido y al desmonte.

Mientras la consultora sostuvo que no se registró desmonte y que se preservaron ejemplares de palo rosa, ambientalistas refutaron esa afirmación con imágenes satelitales que mostrarían una remoción significativa de vegetación.

Desde el Ministerio de Ecología reiteraron que el proyecto presenta observaciones pendientes, que no hay garantías de que logre autorización tras los estudios de factibilidad, y que la consulta pública podría repetirse. A su vez, desde la Dirección de Medio Ambiente municipal se advirtió que se omitieron pasos clave, y que esta situación se convierte en un «caso testigo» que sentará precedentes para futuros emprendimientos.

Las críticas de ambientalistas y autoridades no cayeron bien en el entorno del propietario, quien además enfrenta cuestionamientos sobre la titularidad de la tierra donde está asentado el circuito, pese a las gestiones privadas que asegura haber iniciado. Por último, vecinos de la zona señalaron que no fueron invitados formalmente a la audiencia pública, lo que profundiza la falta de legitimidad en torno al proceso de consulta.