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Los caminos conducen a Río Gallegos. Allí, en Libertad 141, el epicentro del entramado empresarial de Lázaro Báez, aún existe Top Air, una sociedad dedicada al servicio de transporte aéreo de pasajeros. Básicamente, un charter de jets privados. De los bienes de esa empresa, particularmente dos aviones, se cobró la Justicia en los decomisos ordenados en la causa de la ruta del dinero K.
Los papeles de esa sociedad tienen un nombre que no se conocía: Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB al que se investiga por los desvíos de calidad que le habrían producido la muerte a por lo menos 53 personas y por los posibles desvíos de cantidad, en los que hay sospechas de vínculos con el narcotráfico.
Top Air todavía tiene domicilio principal en Libertad 141, en Río Gallegos, según los registros públicos. Allí también figura otro alternativo: Yerbal 1021, quinto piso, departamento A de la Ciudad de Buenos Aires. Esa dirección, en pleno Caballito, es a su vez la informada como domicilio particular de Ariel García Furfaro y su hermano Damián, en múltiples documentos. Se trata de la casa de su madre, Nilda, que es quien formalmente aparecía en los papeles de HLB Pharma y el laboratorio de Ramallo.
LA NACION accedió al acta de directorio en la que se definió el cambio de domicilio de Top Air SA, que revela más datos sobre el vínculo que une a García con Báez y sus probados testaferros, de acuerdo con la Justicia. La firma se hizo el 7 de marzo de 2016 y se solicitó la inscripción del cambio en carácter de urgente. Menos de un mes después, el 5 de abril, Lázaro Baez quedaría detenido en San Fernando al bajar, justamente, de uno de sus aviones.
Para resumir: Austral Construcciones, nave insignia del impero de Lázaro Báez, mudó una empresa suya al domicilio de la madre de los García Furfaro donde ellos, además, constituían la sede social de varias compañías.
En la misma reunión de Top Air SA se resolvió la continuidad de la presidencia de la sociedad de Walter Adriano Zanzot, dueño del 51% de las acciones. El 49% restante se mantenían en manos de Austral Construcciones. Zanzot, de profesión contador, es uno de los personajes que apareció en los videos del recuento de billetes en la Rosadita, en los que también estaba Martín Báez y está condenado, ya con fallo de la Corte, a dos años y seis meses de prisión.
Según pudo averiguar este medio, Walter Zanzot y Ariel García Furfaro se conocieron a través de un contacto en común: Diego Castrillón, un contador colaborador de Zanzot y Báez. Ellos, a su vez, tenían una relación posiblemente porque ambos son de La Matanza. Juntos fueron a visitarlo a Báez a la cárcel múltiples veces, confirmó LA NACION.
Zanzot y García Furfaro se cruzaron también en otro negocio vinculado a la aviación. Walter Zanzot figura también como presidente de Aviación del Atlántico Sur SA (Aassa). Esta empresa es la dueña del hangar del aeropuerto de San Fernando en el que operaban los tres aviones de Lázaro Báez. Hoy, allí descansa el Learjet 31A, propiedad de García. Entre 2016 y 2017, cuando cambiaban el domicilio de Top Air y las causas se complicaban para el empresario kirchnerista, García se quedó con una parte del taller de Aassa.
El Learjet de García (uno de los pocos de su modelo que hay en el país, a tal punto que pueden volarlo solo un puñado de pilotos), tiene matrícula LV-BFE y es el vehículo con el que se transportaron decenas de veces, García, Castrillón y otros, a Paraguay. El dueño de HLB se lo compró a una empresa neuquina vinculada con el petróleo y hoy está bajo la titularidad de Adancard, una sociedad de García Furfaro dedicada al contenido audiovisual, que en septiembre del año pasado cambió el nombre a Adan Producciones.
La empresa, cuyos socios eran Damián García Furfaro y Diego Hernán, su hermano, fue el vehículo que se utilizó para el ingreso al canal de televisión IP, propiedad de Víctor Santa María, líder del sindicato de encargados de edificios. Desde esa sociedad se pagaron los sueldos de los periodistas, productores y gerentes, pero el intento de unos pocos meses resultó fallido.
Báez tenía tres aeronaves. Dos de ellas, un Learjet 35A (matrícula LV-BPL) y un Rockwell Commander (LV-MBY), fueron rematados por el Estado por $1.772.535 y $2.684.700, respectivamente, en junio de 2021. El tercero, otro Learjet (LV-ZSZ), no pudo ser recuperado debido a que, en octubre de 2015, se incendió en la pista del aeropuerto de San Fernando cuando realizaba maniobras de despegue. Báez le había comprado ese avión a los Juliá, empresarios condenados por narcotráfico. El accidente quedó bajo investigación por las sospechas elevadas por Federico Elaskar respecto de que el avión era un vehículo de contrabando a destinos internacionales.
En la Justicia se probó que Top Air pertenecía a Báez. Fue un punto no controvertido. Pero, entre 2014 y 2015, la habían vendido o habían tratado de venderla por US$4 millones a PTP Group. Se trata de una empresa dedicada a la operatoria portuaria en, entre otros puntos, en la hidrovía del río Paraná, en las terminales de Zárate y San Nicolás.
¿Su dirección oficial? Ramallo, provincia de Buenos Aires, mismo distrito en donde se ubica el laboratorio de García Furfaro. Los distancian 11 minutos en auto. Para el momento del intento de traspaso de manos, García Furfaro ya estaba instalado, alquilaba y operaba el laboratorio, que terminó por comprar en 2016.
PTP Group está involucrada en múltiples investigaciones judiciales ligadas al crimen organizado en la Argentina, Uruguay y Paraguay. Una subsidiaria del grupo principal en el país vecino, PTP Warrant, también fue blanco de cuestionamientos por concesiones de terminales portuarias otorgadas por 20 años a cánones bajos y con nula inversión en maquinaria para detectar cargamentos ilegales.
El contrato fue otorgado en épocas de la presidencia de Horacio Cartes, con quien Ariel García Furfaro se reunió, por lo menos, el 24 de noviembre de 2023. Miembros del circulo del expresidente paraguayo son investigados por sus vínculos con el laboratorio que el empresario argentino montaba en la Triple Frontera.
La venta de Top Air, en realidad, se pretendió concretar a través de una compra intermedia. ¿Por parte de quienes? García Furfaro y Castrillón. Ellos estaban en posesión de los aviones y del hangar al momento en que el Learjet (LV-ZSZ) se prendió fuego. La idea era evitar que formen parte de los bienes que iban a ser objeto de decomiso, pero salió mal. Además, le transfirieron a ellos el lote contiguo al hangar del Aeropuerto San Fernando, que se iba a usar para ampliar Aassa si las cosas hubieran terminado tal el plan.
El vínculo con Báez se extiende al día de hoy y se puede inferir del presunto comprador de las acciones de HLB Pharma y Ramallo que sospechosamente se transfirieron en medio del escándalo.
En los papeles, los García habrían dejado de ser dueños de las instalaciones a principios de este año, momento en el que se publicó en el Boletín Oficial que las sociedades fueron adquiridas por Sebastián Nanini, aunque ejecutó una cláusula de indemnidad por la que canceló la operación cuando estalló el caso. Se trata de un abogado que trabajaba para los García vínculos con la Justicia, y especialmente la relación con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Era quién los unía en las enormes cantidades de productos, para los hospitales de ese municipio. Nanini, además, fue defensor de la exesposa y uno de los hijos de Báez.
