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Domingo 20 de abril. Tres hombres y una mujer salieron del subte en la zona del Congreso de la Nación. Dos se detuvieron en una esquina; dos ingresaron al edificio de la avenida Rivadavia 1829, ocupado solo por oficinas de legisladores. Subieron al sexto piso. Intrusaron, lo dieron vuelta, se robaron dos laptops, pero dejaron el dinero que encontraron y salieron de allí en 23 minutos. La Justicia detuvo y ahora procesó por robo a dos de los delincuentes, mientras que los otros siguen prófugos, pero los legisladores no descartan algo más. ¿Qué? Un apriete mafioso desde los sótanos del Estado, según reconstruyó LA NACION.
El robo o ataque se detectó a las 7.05 del lunes 21 de abril, cuando la secretaria del diputado nacional Emilio Monzó (Encuentro Federal) llegó al despacho, detectó que habían forzado la puerta e ingresó junto al portero. Observaron que habían revuelto todo el despacho, habían roto muebles y se habían llevado dos laptops: la de ella y la que utilizaba Monzó, que estaba bajo llave. Denunciaron todo. Y a esa primera denuncia se sumó el diputado Nicolás Massot, del mismo espacio. Detalló que habían revuelto su despacho, aunque no se habían llevado el escaso dinero disponible u otros objetos de valor.
La investigación recayó en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli. Pronto identificaron a cuatro sospechosos, de los que detuvo a dos: Lorena Sofía Zerpa, argentina, 27 años, procesada en el partido de San Martín por una tentativa de robo, y el chileno Juan Cristian Alcaino Hurtado, de 37, que en 2009 había sido expulsado de la Argentina durante 15 años por su participación en otros robos, pero violó esa prohibición y reingresó al país de manera clandestina.
Los otros dos sospechosos, que permanecen prófugos, también son chilenos. Los investigadores los identificaron como Carlos Quitral Donoso, que en la Argentina había sido condenado a 4 meses de prisión en suspenso el año pasado por un hurto con escalamiento y afronta otra causa por robo, y Juan Ángelo Jofré Díaz, también con antecedentes problemáticos y pareja de Zerpa.
Al ser indagada, Zerpa se declaró inocente. Dijo que iban a la feria de San Telmo cuando uno de los muchachos les dijo que tenía que retirar “algo” de un edificio, por lo que ella se limitó a esperar con Quitral Donoso en la vereda de enfrente, y detalló que transcurridos unos minutos, como se les hacía tarde, cruzó la avenida Rivadavia, tocó timbre para que se apuraran y que uno de los que habían ingresado le respondió por el portero: “Ahí bajo”. Entonces sí, dijo, se fueron “todos juntos a San Telmo”.
Alcaino Hurtado reconoció lo ocurrido, sin vueltas, aunque buscó despegar a Zerpa y a Quitral Donoso. “Las pruebas y las cámaras hablan por sí solas, pero la chica y el otro muchacho no tienen nada que ver”, dijo, y buscó explicar por qué había retornado a la Argentina aunque lo habían expulsado hasta 2031. “Yo vivo acá, acá tengo a mi familia, ¿entiende?”, planteó. “¿Qué hago alejado 2 años, 5 años, 10 años de mi perro? A mi perro lo amo tanto. Sé que él sufre, está ahí y la verdad que hasta he llorado por mi perro”.
Lijo los procesó a ambos, con prisión preventiva, y los embargó, como coautores del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. En el caso de Zerpa, un dato clave fue que ella reconoció que les tocó el timbre, por lo que “necesariamente debía conocer a qué oficina dirigirse y, por ende, saber dónde se encontraban sus acompañantes”, y por tanto resultaba “inverosímil y contradictoria” su versión de que desconocía que su pareja, Jofré Díaz, había entrado a robar. Y en el caso de Alcaino Hurtado le sumó otro procesamiento por el delito de desobediencia a un funcionario público, ya que retornó al país a pesar de su expulsión y prohibición de reingreso hasta 2031.
Los legisladores afectados, sin embargo, reaccionaron con cautela. ¿Por qué? Porque no descartan un móvil político detrás de la entradera, que se concentró sólo en sus despachos, aunque en el mismo edificio hay oficinas ocupadas por La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, y varias familias.
“Todavía no podemos descartar que los supuestos ladrones sean en realidad mano de obra desocupada a la que recurrieron servicios de inteligencia locales”, indicó un referente de Encuentro Federal ante la consulta de LA NACION, y recordó que Massot y Monzó fueron dos de los impulsores de la movida parlamentaria que bloqueó la reasignación de $100.000 para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei.
Las sospechas de algunos opositores se acentúan al unir varios episodios, como el que vivió Martín Lousteau, quien preside la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. “Lousteau tuvo un contrapunto por el Plan de Inteligencia Nacional, a fines de octubre, en la sede de la SIDE; y un par de días después forzaron su oficina, en la sede de la UCR”, graficó un legislador nacional. “Semanas después, Monzó y Massot se opusieron al Gobierno por la SIDE y participaron en la interpelación a funcionarios por el caso $LIBRA, y les entraron a sus despachos. Es mucho, ¿no?”.
Ante la prensa, Monzó se mostró cauto, pero preocupado, según sostuvo en mayo pasado, cuando reveló que en marzo de 2024 también habían intentado ingresar a su departamento con una escalera y una llave, en circunstancias por demás peculiares. “Por ahí era un chorro, pero me pasó con el despacho”, señaló. “No tengo miedo a eso, porque uno se siente tranquilo, pero que tus hijos vean que quieren entrar a tu casa y que después vean que ingresaron a la oficina del padre y destruyeron todo. No sé…”.
