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La política migratoria impulsada por la administración Donald Trump encendió las alarmas en las zonas agrícolas de California. El endurecimiento de las redadas en estas áreas sensibles y la falta de una alternativa viable para reemplazar a los trabajadores indocumentados puso en jaque al sistema productivo del campo en el estado de Gavin Newsom.
Problemas para reemplazar migrantes indocumentados que trabajan en granjas de California
La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, desató una gran polémica este martes al asegurar que los trabajadores migrantes pueden ser reemplazados por ciudadanos “capaces” que reciben Medicaid, así como también por sistemas de automatización.
A su lado, durante la conferencia de prensa realizada en Washington D.C., se encontraban la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la fiscal general, Pam Bondi. El anuncio formó parte de un paquete de medidas que busca limitar la adquisición de tierras agrícolas por parte de ciudadanos chinos y de otros países considerados “adversarios”.
Rollins justificó la continuidad de las deportaciones masivas al afirmar que serían “estratégicas” y no pondrían en peligro la cadena alimentaria. Sin embargo, sus dichos despertaron una fuerte respuesta desde California.
Helen McGrath, productora de cítricos y paltas en el condado de Ventura, consideró esas palabras como un insulto, según Los Ángeles Times: “Puedo decir con seguridad que la mayoría de los agricultores se rieron a carcajadas o quedaron desmoralizados. Estas declaraciones muestran una desconexión total con lo que implica producir alimentos en este país”.
El impacto de las redadas en los campos de California
En las últimas semanas, las redadas migratorias se concentraron en granjas, tambos y ranchos del condado de Ventura, en California, pero también afectaron a otras regiones como Nebraska. En muchos casos, los trabajadores dejaron de asistir a sus tareas por miedo a ser detenidos.
Frente al reclamo de líderes del sector agrícola, el presidente Trump había ordenado una pausa en las inspecciones en granjas, hoteles y restaurantes. No obstante, la medida duró apenas unos días. La administración retomó rápidamente las acciones de control migratorio, lo que generó confusión e incertidumbre entre empresarios y empleados del agro.
Rollins admitió que “hubo mucho ruido” en torno a la postura de Trump respecto de la mano de obra agrícola. Asimismo, afirmó que ambos coinciden en que las deportaciones deben ejecutarse “de forma estratégica” para no comprometer el suministro de alimentos.
¿Son viables los reemplazos de mano de obra que propone el gobierno?
Uno de los argumentos centrales del gobierno es que existen 34 millones de adultos en condiciones de trabajar que reciben Medicaid y que esa población podría suplir a los migrantes. Además, destacan el avance de la automatización como solución a la escasez de mano de obra.
Desde LA Times analizaron la situación y señalaron que estas alternativas son impracticables. Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), indicó que “estos trabajadores son irreemplazables en el sistema de distribución de alimentos”.
«El trabajo es agotador y se realiza en condiciones muy difíciles. La idea de que una máquina o una persona que está en el sistema de salud pública puede hacer lo mismo, no es real”, agregó.
Manuel Cunha, líder de la Nisei Farmers League, recordó una experiencia del pasado como prueba de que estas propuestas no funcionan. En la década de 1990, colaboró con un programa que buscaba integrar a beneficiarios del plan “Welfare to Work” en empleos rurales. El resultado fue un fracaso: solo tres personas se presentaron. “Perdimos cultivos. La fruta literalmente se pudrió en el suelo”, resumió.
