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El Senado sancionó este jueves por la tarde las leyes que otorgan una recomposición en las jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional vencida en marzo último, durante una polémica y desprolija sesión “autoconvocada” por la oposición, que dejó al descubierto que el Gobierno perdió el control de la Cámara alta.
Las iniciativas son rechazadas por el Gobierno por considerar que rompen el equilibrio fiscal que impulsa la administración de Javier Milei. Si bien el Presidente anticipó que las vetaría, la postura del oficialismo, que desconoce la validez de la sesión, podría terminar con las sanciones impugnadas ante la Justicia.
El aumento del 7,2% en las jubilaciones, que también incluye elevar a $110.000 el bono para quienes cobran la mínima, fue aprobado por 52 votos a favor, cuatro abstenciones y sin votos en contra ante la decisión del oficialismo y de la gran mayoría de senadores de Pro de retirarse del recinto para no convalidar la validez de la sesión, que se constituyó sin que mediara una convocatoria formal de Victoria Villarruel.
La prórroga de la moratoria para que personas puedan jubilarse sin haber realizado los años de aporte que exige la ley, en tanto, fue aprobada por 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención.
El Senado también convirtió en ley la declaración de emergencia en materia de atención pública a las personas con discapacidad. Fue por unanimidad de los 56 legisladores presentes.
La iniciativa fue sancionada luego de un breve debate en el que se destacó la intervención de Luis Juez (Pro-Córdoba), que con la voz quebrada, es padre de una niña que tiene parálisis cerebral, abogó por el voto a favor de actualizar los valores que perciben transportistas, terapeutas y maestras integradoras.
“El estado tiene que hacerse responsable y esto no es un gasto. No importa cuanto afecta, nuestros hijos no son un numero, no son parte de una contabilidad”, sentenció Juez, rebatiendo los argumentos del Poder Ejecutivo en defensa del equilibrio fiscal.
Las votaciones de los proyectos previsionales debieron practicarse a la vieja usanza, con cada senador diciendo a viva voz el sentido de su postura ya que el sistema electrónico dejó de funcionar durante el debate previsonal, lo que el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), calificó como un boicot del oficialismo para complicar el debate.
La sanción de los proyectos que venían aprobados desde la Cámara de Diputados se produjo después de que el Gobierno sufriera la primera de la que fue una larga serie de derrotas en el recinto del Senado luego de que el kirchnerismo, con el apoyo de algunos senadores de la UCR y el Pro, impuso su postura y declaró válidos los dictámenes de los proyectos que recomponen las jubilaciones, que prorrogan la moratoria previsional y que declara la emergencia en materia de discapacidad.
La votación fue impulsada por Villarruel, que hizo un tibio intento por arrogarse la facultad última de interpretar el Reglamento del Senado, pero terminó cediendo ante el reclamo de Mayans (Formosa). “Usted no tiene potestad para hacerlo porque usted es de otro poder del Estado, del Poder Ejecutivo”, le dijo el jefe del bloque de Unión por la Patria.
La postura de la vicepresidenta elevó a niveles inusitados la pelea del gobierno de Milei con Villarruel. Con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza y desde la presidencia del bloque oficialista de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), se impugnó la sesión por considerar ilegal su convocatoria.
“Levántese, señora vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide la corporación política más abyecta de la historia del país”, escribió la ministra en la red social X.
La vicepresidenta le contestó en un extenso posteo en la misma red social en la que le recuerda a la ministra su paso por Montoneros y acusa al Gobierno de recordar que fue votada como vicepresidenta sólo para criticarla.
Tras la votación que allanó el camino para el tratamiento de los proyectos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados a principios de junio, el oficialismo y parte del Pro se retiró del recinto.
Al considerar válidos los dictámenes firmados por las comisiones la semana pasada en medio de una polémica reglamentaria, el Senado pudo habilitar con mayoría simple el debate del proyecto de ley que otorga un aumento del 7,2% en las jubilaciones como compensación por la inflación de enero del año pasado, que el Gobierno no reconoció cuando modificó la fórmula de actualización de los haberes previsionales.
La sesión comenzó poco después de las 14.15 con la presencia de más de 40 senadores de todos los bloques y con la conducción de la ultrakirchnerista Silvia Sapag (Neuquén).
Villarruel recién ingresó al recinto después de que Sapag diera por iniciada la reunión con 42 senadores presentes, cuando en el recinto resonaban los acordes del Himno Nacional y se izaba el pabellón nacional.
El quorum se alcanzó con los 34 senadores de Unión por la Patria y la presencia de legisladores de la UCR, con el presidente de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes, a la cabeza, de fuerzas provinciales (Santa Cruz y Río Negro) y del heterogéneo interbloque Las Provincias Unidas que preside el peronista correntino Carlos Espínola, habitual aliado del Gobierno.
Por Pro sólo bajaron a dar quorum la porteña Guadalupe Tagliaferri y la tucumana extrapartidaria Beatriz Ávila.
La primer pulseada de la sesión se dio en torno al orden de discusión de los proyectos. El kirchnerismo, a través de Mayans, propuso iniciar el debate con los temas previsionales y de discapacidad, que cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados y podrían convertirse en ley, y dejar para el final los proyectos de reparto de fondos con las provincias.
El radical Vischi, en tanto, propuso arrancar el debate con la declaración de rechazo al fallo de la justicia norteamericana por el caso YPF y con la emergencia en discapacidad antes de pasar a las iniciativas que impulsan los gobernadores. Dejó para el cierre las iniciativas previsionales.
Los textos que impulsan los gobernadores plantean repartir el fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), entre los distritos y la disolución de fondos fiduciarios que se nutren de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, para distribuir también esos recursos entre las provincias.
El jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche (jujuy), impugnó la sesión al considerarla inválida por violar varios artículos del Reglamento de la Cámara alta y de la Constitución Nacional.
“Para el oficialismo y para el Gobierno esta sesión no es válida, es un invento y un atropello de una mayoría circunstancial. Pueden continuar con esta pantomima y pueden hacer y decir lo que quieran, pero la validez de esto no existe”, afirmó Atauche.
Le salieron al cruce los radicales Martín Lousteau (Capital) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego). El porteño manifestó su asombro de que “se diga que es inválida una sesión cuando la Presidenta del cuerpo está presente y el propio Atauche sigue sentado en su banca”, aseguró.
Por su parte, Blanco acusó al oficialismo de “tener la cara de piedra” por impugnar una sesión. “En todo caso el golpe institucional lo están haciendo ellos, que hacen caso omiso de las instituciones”, afirmó. “De dónde salió esta Patricia Bullrich que habla de golpe institucional, de la que me arrepiento de haber acompañado en la elección presidencial, que ahora se hizo violeta y atropella a las instituciones”, agregó el radical fueguino.
