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Funcionarios del Ministerio de Seguridad aseguraron en el Senado que la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal que impulsó la jefa de la cartera, Patricia Bullrich, se ajusta a las normas legales vigentes y que no viola garantías constitucionales y defendieron, así, el decreto 383/25 de los embates de los legisladores kirchneristas durante una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior.
Encabezado por el diputado Jorge Glinsky, exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante el gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo cuestionó el uso del decreto como forma de aplicar cambios en el régimen de la Policía Federal, insistió en denunciar la reforma como una forma de permitir tareas de inteligencia interior y de “ciberpatrullaje” sin respaldo judicial y advirtió que buscará rechazar el decreto en los recintos de ambas cámaras legislativas para dejarlo sin efecto.
Los representantes de la cartera de Seguridad que acudieron al Congreso fueron Diego Fleitas Ortiz de Rozas, director nacional de Transformación Institucional, y Federico Tassara, director de Ingreso y Carrera. Lo hicieron invitados por el presidente de la comisión bicameral, el senador Martín Goerling (Pro-Misiones).
En su exposición, Ortiz de Rozas aseguró que tanto la reforma de funciones de la Policía Federal como la de las otras fuerzas de seguridad interior, como la PSA, Gendarmería y Prefectura, se hizo en el marco de facultades delegadas en la Ley Bases y aseguró que “en todos los casos, se buscó fortalecer un proceso de modernización de profesionalización de actualización de aspectos normativos” que, dijo, llevaban más de 50 años vigentes.
En ese sentido, reconoció que en cuanto a la Policía Federal “se hizo una reforma estructural”, pero la justificó en el hecho de el traspaso de responsabilidades a la Ciudad de Buenos Aires “había dejado sin una misión clara” a la fuerza ante “amenazas nuevas o más fuertes vinculadas al crimen organizado o ciberdelitos”.
En previsión de las críticas que vendrían después por parte de la oposición, Ortiz de Rozas se preocupó por destacar que, en cuanto a la Policía Federal y la tara de prevención, el Gobierno tomó como base “textos existentes en la misma ley de Policía o Códigos, o potestades ya vigentes de investigación en todas las policías de la Argentina”.
A su turno, Glinsky reconoció que las fuerzas federales “merecían una reforma”, pero remarcó que le hubiese gustado discutirlo en el Congreso y señaló su disconformidad con que se hayan hecho “por decreto y en bloque”. “Se hacen amparadas en ley Bases y en facultades delegadas, pero hubo una acción expresa de los diputados de quitar la emergencia en seguridad, por lo que entendemos que estas reformas exceden las facultades delegadas”, agregó.
Al respecto, el legislador opositor destacó que los decretos “son ilegales por extralimitación del Ejecutivo y no tienen la legitimidad” que les hubiese dado la sanción de una ley en el Congreso.
“Nos hacen ruido qué cosas entran en sistema de inteligencia nacional; las facultades o atribuciones de la Policía Federal con detenciones y el cumplimiento del Código Procesal Penal y el contralor de tareas patrullaje”, dijo Glinsky, quien también planteó sus dudas acerca de “por qué Gendarmería toma tareas de seguridad vial”.
Ante los cuestionamientos, Ortiz de Rozas aseguró que el hecho de que las reformas se hayan implementado por decreto formó parte de “una decisión política” que excede sus funciones y volvió a justificar la decisión de avanzar con ese instrumento en las facultades legislativas delegadas por la Ley Bases. “Aclaramos misiones, funciones y estructuras”, explicó.
El diputado kirchnerista Juan Marino volvió a la carga con la sospecha del exceso en la cesión de facultades para realizar tareas de inteligencia y de patrullaje en redes sociales que la reforma le dio a la Policía Federal, y pidió precisiones sobre cuáles serían las tareas que tendría habilitadas en esa materia.
“Esto es una ley orgánica, no es un protocolo”, respondió Ortiz de Rozas, quien aseguró que la parte instrumental y reglamentaria será el paso siguiente. Sobre las facultades para hacer inteligencia en la prevención del delito, dijo que “se encuentran alcanzadas por todas las garantías vigentes”. “No hay nada raro detrás”, remató el funcionario.
