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Mientras el Gobierno confirmó la reestructuración de la Procuración del Tesoro, con el despido de unos 7 de los 60 empleados que han sido removidos desde el inicio de la gestión libertaria, avanza en la investigación interna, de manera reservada para «no afectar» el complejo juicio por la estatización de YPF, para detectar de dónde provino la «inside information» que, se especula, benefició a la querella encabezada por el fondo Burford Capital.
A través del Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, este jueves se oficializó el cambio en el organigrama y la eliminación de direcciones que hasta el momento integraban la institución, como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
La reestructuración había sido adelantada este miércoles y si bien en el organismo conducido por Santiago Castro Videla habían evitado justificar el recorte en las denuncias sobre presuntas filtraciones en el marco de la mayor causa judicial contra la Argentina, fuentes inobjetables del Ejecutivo sí deslizaron que los cambios respondían al malestar que generó la mentada fuga de información en un litigio en el que los abogados del Estado intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina Loretta Preska de entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
Este jueves, en tanto, en Casa Rosada intentaron bajar el tono a la grave denuncia. Fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el que habló de «trascendidos sin valor» al referirse a las posibles filtraciones en la causa judicial citada y al argumentar que los cambios en la Procuración venían «trabajándose» desde hacía tiempo.
Una calificada fuente oficial, sin embargo, ratificó a Clarín el malestar en lo más alto del Ejecutivo por la estrategia legal adoptada hasta el momento por la Procuración. «Hay una lógica en bajar un poco el tono para que no meta ruido en el proceso o la oposición quiera armar una bicameral para investigar todo. Pero es grave lo que pasó», indicó al tiempo que reconoció que hasta el momento la pesquisa interna reveló que «la filtración se percibió por los movimientos de la contraparte en el juicio (Burford). Era como si conocieran de antemano lo que tenían qué hacer. Si bien hay una parte de especulación, expertos creen que es imposible que tuvieran esa información. Y las motivaciones eran claras: por plata».
Lo que no queda claro, hasta el momento, es de dónde los abogados del fondo Burford obtuvieron la «inside information». Tampoco es probable que haya una interna fuerte en el organismo porque Castro Videla es apadrinado por el asesor presidencial Santiago Caputo. En el Ministerio de Justicia, de donde depende la Procuración, tampoco quisieron abundar aunque reconocieron la pesquisa en curso y la imposibilidad de hacer público cualquier dato para no afectar un proceso por demás complejo.
Esta semana viajó a Nueva York el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, que es orientador en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales. Pero la representación regular del país está en manos del estudio neoyorquino Sullivan & Cromwell LLP, contratado por la Procuración. Otra calificada fuente gubernamental consultada por este diario sostuvo que sí en Buenos Aires han surgido diferencias por las tareas llevadas a cabo por el buffet liderado por Robert Joseph Giuffra Jr., uno de los letrados de Donald Trump. Sin embargo, cerca del Presidente no coinciden con ese análisis.
El Estado argentino se enfrenta en esta contienda legal contra Burford, que compró los derechos de litigio de la quiebra de 2 empresas del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que controlaba el 25% de YPF antes de la reestatización de la petrolera, en 2012, que fue impulsada por la gestión de Cristina Kirchner.
En paralelo a todas estas especulaciones, el Ejecutivo avanzó con los cambios en la Procuración. En los considerandos del citado decreto, se argumentó que las modificaciones tienen «por objeto optimizar recursos, evitando el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria, lo que permitirá reducir costos y mejorar la calidad de la formación y actualización profesional de los Abogados del Estado».
Se eliminó la Escuela de Abogados del Estado, una dependencia encargada de la capacitación y perfeccionamiento de los letrados, que ahora serán ejecutadas ahora por el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP). A la postre, es una coordinación, con menor rango. Una de las cesantías, de hecho, corresponde a la directora Nacional de la Escuela del cuerpo de abogados.
