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El Gobierno formalizó la creación de un sistema de protección administrativa de oficiales y suboficiales que denuncien hechos delictivos cometidos dentro o por personal de las fuerzas que integran. El objetivo es evitar que por haber dado a conocer casos de corrupción o violencia institucional, o por haberse negado a participar de ellos, reciban represalias.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial de este martes con la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, alcanza a todo el personal de las cinco fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, el Sistema de Protección Administrativa de denunciantes y testigos, que dependerá de la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia del Ministerio, “busca evitar sanciones, traslados intempestivos e injustificados y cualquier acto de violencia física o moral contra efectivos de las fuerzas de seguridad que hayan hecho una denuncia, sean testigos de un hecho ilícito o se hayan negado a participar de uno”.
Se aclaró que “no es protección física, sino un resguardo administrativo a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional para que esos efectivos no sufran una represalia que afecte su carrera o su clima de trabajo, por cumplir con su deber de denunciar”.
Serán considerados actos de violencia o represalia:
- Violencia física o verbal
- Asignación de riesgos innecesarios a la hora de la asignación de tareas o misiones
- Ambiente de trabajo hostil
- Tareas que correspondan a niveles inferiores
- Negativa de asignación de tareas o sobrecarga laboral injustificada
- Acoso sexual o laboral
- Postergación injustificada de ascenso o sanciones infundadas
- Traslados intempestivos e injustificados
- Convocatoria injustificada a controles, evaluaciones o juntas médicas
El Ministerio podrá retrotraer medidas disciplinarias aplicadas por las distintas jerarquías de las fuerzas de seguridad o podrá disponer, eventualmente, el traslado del personal que sea objeto de hostigamientos por haber denunciado o por haberse negado a participar de hechos reñidos con la ley.
Según explicaron a LA NACION calificadas fuentes de la Jefatura de Gabinete del Ministerio, la finalidad primordial de creación del sistema de protección es promover que los oficiales y suboficiales hagan las denuncias con nombre y apellido, y no de forma anónima.
“Lo que buscamos es que el efectivo de una fuerza (generalmente, de grados bajos, aunque esto no es excluyente) se atrevan a denunciar con nombre y apellido. Hemos detectado que las denuncias hechas de esa forma derivaron en un éxito del ciento por ciento en las investigaciones. Ese tipo de denunciante da detalles, se le puede hacer preguntas, da buena información, aporta pruebas. Las denuncias anónimas, en cambio, no tuvieron la misma eficacia”, explicó el vocero consultado por este diario.
“La gente que trabaja en las fuerzas de seguridad no le tiene miedo a la integridad física. Sienten que si se los pusiera en un programa de protección de testigos se les terminaría la carrera. Por eso no piden protección física. En cambio, sí le temen a las eventuales represalias administrativas, como ser traslados inesperados e indeseados, sanciones injustificadas, bajas calificaciones que atentan contra las posibilidades de progreso dentro de la fuerza, sobrecarga injustificada de trabajo o que los dejen sin tareas (algo que es humillante para ellos); son todos actos de violencia institucional”, detalló el informante.
El sistema prevé que en caso de que un efectivo haga una denuncia y pida que se lo incorpore a este sistema, se hará una investigación preliminar sumaria para verificar la verosimilitud de la situación relatada; si está fundada y si tiene fundamentos se lo incluye en el sistema. Debe firmar y se le comunica al jefe de la fuerza.
Si se comprueba que la denuncia es falsa, el denunciante es pasible de recibir cualquiera de las sanciones administrativas previstas, e incluso las imputaciones penales consecuentes.
Las fuentes ministeriales consultada precisaron que, oportunamente, se tomó como modelo la Oficina del Asesor Especial de los Estados Unidos –The Office of the special counsel (OSC)–, una agencia federal independiente de investigación y procesamiento cuya misión principal es la de “salvaguardar el sistema de méritos, protegiendo a los empleados federales y a los solicitantes de empleo de las prácticas prohibidas de personal, especialmente las represalias por denuncia de irregularidades” y que también funciona como “un canal seguro para que los empleados federales denuncien irregularidades”, con un proceso único que tiene la finalidad de “proteger la confidencialidad del denunciante y garantizar que la presunta irregularidad se investigue y, de ser necesario, se corrija”.
En el caso argentino, el sistema alcanzará solo a los efectivos de las fuerzas federales de seguridad.
