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La Justicia de La Pampa condenó este lunes a Cristian Martín Galván, el policía que dos meses atrás llevó presos a trabajar a su boda, a un año y tres meses de prisión en suspenso por abuso de autoridad. La fiesta se llevó a cabo a una cuadra de la comisaría de Lonquimay, unos 600 kilómetros al oeste de Buenos Aires, y el efectivo de seguridad dispuso que los detenidos caminaran libremente los 100 metros que separaban ambos edificios, según informó El Diario de La Pampa.
Los presos vivieron una particular jornada en libertad cuando debieron cocinar, servir y limpiar el salón de fiestas de la boda del policía a cargo de la comisaría local. Una vez que finalizó la fiesta y limpiaron el lugar, volvieron caminando por su cuenta a su lugar de detención.
Por el hecho, Galván fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso (libertad condicional) por abuso de autoridad. La defensa había alegado que el policía se encontraba de licencia por matrimonio el día del hecho, por lo cual no ejercía autoridad, pero el argumento fue desechado por el juez. Además, durante las declaraciones, uno de los detenidos dijo que, como estudiante de veterinaria, el policía también le pedía que atendiera a su perro y a su caballo.
Según detalló el medio local El Diario de La Pampa un mes atrás, el fiscal de la investigación Guillermo Sancho explicó que el jefe policial «sacó a varios de los detenidos en esa dependencia para que trabajaran en el salón de la fiesta, donde fueron a limpiar el salón, acomodaron todo, sirvieron en la fiesta y luego limpiaron“.
Sancho expresó que “afortunadamente” ninguno de los presos aprovechó la situación para escaparse y remarcó la gravedad del asunto: “Sean dos o seis, hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público dado que los detenidos fueron liberados sin ninguna autorización”. «A ellos no se les imputa nada, pero deben contar qué fue lo que sucedió“, había añadido el fiscal.
La causa judicial inició a raíz de un informe elevado por el coordinador regional al entonces jefe de la Unidad Regional I, Marcelo Calderón, quien comenzó la investigación penal, mientras que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) abrió un sumario administrativo.
Con información de AFP.
