Caso Cuadernos: Cristina Kirchner se sentará en el banquillo el 7 de noviembre y hay embargos por US$ 1.100 millones

Seis años transcurrieron desde que el caso de los Cuadernos de las Coimas fue elevado a juicio oral. El 7 de noviembre Cristina Kirchner y más de 140 imputados, finalmente, se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por lo que la justicia federal denominó la “mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años”. La fiscal general, Fabiana León, de hecho, en un informe se refirió a la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial». A la fecha hay entre la causa madre y las conexas, embargos por U$S 1.100 millones, que alcanzan a la ex presidenta.

Para la justicia federal, según confirmaron los jueces de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros. Esa acusación fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.

En septiembre de 2019, el fallecido juez Claudio Bonadio envió a juicio oral a Cristina Kirchner y a medio centenar de empresarios junto a ex funcionarios, acusados de participar de una estructura de sobornos que funcionaba desde el Estado. Desde entonces el caos quedó radicado en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que determinó que el 24 de septiembre se realizará una audiencia con carácter organizativo de cara la juicio oral que comenzará el 7 de noviembre.

Con más de 220 cuerpos, y 159 imputados el TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, realizará el debate oral que tiene como particularidad su modalidad: será 100% virtual, en principio por la falta de espacio físico para albergar a la gran cantidad de acusados. Durante el juicio intervendrá en representación del Ministerio Público Fiscal, Fabiana León.

Previo a fijar fecha de inicio del mayor juicio en materia de corrupción que tramita en Comodoro Py, los magistrados impulsaron 231 medidas: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.

Mientras cumple la sentencia condenatoria del caso Vialidad, donde se la acusó del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con un daño ocasionado estipulado en 537 millones de dólares, la ex Presidenta afrontará otro juicio por corrupción.

Se admitieron 630 testigos para el debate oral y público en una causa con 147 imputados -casi todos políticos y ex funcionarios del kirchnerismo y empresarios- involucrados en el circuito de sobornos.

A la fecha, según el detalle al que accedió Clarín, en este expediente y las causas conexas que serán juzgadas de forma conjunta, hay embargos trabados por US$ 1.109.594.049. La cifra alcanza a Cristina Kirchner y su patrimonio.

Pero, si se mira en detalle, el expediente 9608/2018 que es la denominada “causa madre”, hay dinero cautelado por US$ 294.714.186.

También se incluye dinero embargado en Suiza: US$ 64.118.531.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que ante un eventual decomiso, si se llega a dictar una sentencia condenatoria, la cifra global -los más de 1.100 millones de dólares-, deberán ser actualizados.

En el marco de la causa Vialidad, Cristina tiene hasta el 13 de agosto para depositar junto a los otros ocho condenados la suma de 537 millones de dólares, que es la cifra que representa el decomiso actualizado por parte de los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia. De no cumplirse con lo ordenado por el juez Jorge Gorini que ejecuta la pena, se comenzará con la ejecución de bienes embargados en el marco del expediente.

En el expediente de los Cuadernos de las Coimas, Cristina Kirchner está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita y se le atribuyen un conjunto de hechos vinculados a las coimas que su gobierno percibía para garantizar a contratistas del Estado diversas concesiones, negocios y obras públicas.

El puntapié inicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.

El sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho.

La estructura investigada consistía «en una serie de ‘puntos fijos de recaudación, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense», detalla la acusación que se leerá el día del juicio.

La ruta de las coimas

A criterio del juez de instrucción, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.

Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada.