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A un mes de que comenzaran los inconvenientes con “los pasajes de Karyna” y de que Karina María Alvarado Ríos fuera señalada por una presunta estafa piramidal, el expediente judicial N° 36862/2025, que la tiene como principal imputada, sumó un nuevo capítulo. La mujer de 55 años, junto a sus dos socias, es investigada por haber estafado a más de 200 personas mediante la venta de pasajes internacionales que, según se investiga, los habría obtenido a través de beneficios internos de la aerolínea Iberia.
Según reveló a LA NACION una de las víctimas y querellante, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, que lleva adelante la investigación, habría dispuesto una medida formal dirigida a los representantes legales en la argentina de la aerolínea Iberia, con sede en la calle Carlos Pellegrini 1163, en la Ciudad de Buenos Aires, exigiendo que informen el reglamento interno del beneficio, la cantidad de pasajes cancelados, el destino de los pagos ante cancelaciones, y la cantidad de pasajes asignados por empleado.
Se trata de una orden de presentación, un requerimiento que obliga a la compañía a entregar información y documentación específica a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo de la pesquisa.
“En Iberia no tenemos constancia de esta notificación, al menos hasta el momento, a Iberia no ha llegado”, respondieron a LA NACION, ante la consulta de si ya habían recibido el pedido judicial.
Este instrumento legal, según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION, funcionaría como una alternativa previa a un allanamiento: si la empresa no responde en el plazo fijado, la Justicia – librado el oficio- podría ingresar por la fuerza para obtener la evidencia.
En el escrito, que fue compartido a LA NACION por uno de los querellantes, el tribunal exige a los representantes legales de Iberia datos exhaustivos sobre el funcionamiento y la trazabilidad de los llamados “tickets de empleados”, el beneficio que —según sospecha la investigación— habría sido utilizado como base para la maniobra fraudulenta que se extendió por más de dos años y donde el boca en boca fue clave para su expansión.
El pedido incluye:
- Reglamento interno del beneficio: los términos y condiciones vigentes para este tipo de pasajes. Detallando quiénes pueden acceder, bajo qué requisitos, cómo se realiza el trámite de la reserva, cuál es el proceso de asignación a una persona específica, si existe la posibilidad o prohibición de reventa y de qué forma se abonan las tasas. Además, la Fiscalía quiere conocer el mecanismo para fijar una fecha de vuelo y la constancia de que esos términos hayan sido notificados a los empleados desde 2023 hasta hoy.
- Listado de viajes realizados: la cantidad total de “tickets de empleados” utilizados para volar desde y hacia Buenos Aires entre enero de 2023 y agosto de 2025, con el detalle de los pasajeros, el monto abonado en cada caso (tasas e impuestos incluidos) y la modalidad de pago.
- Pasajes cancelados: el número de estos tickets que fueron anulados por la aerolínea en el mismo período, especificando los motivos de cada cancelación.
- Destino de los pagos ante cancelaciones: si no figura en las bases y condiciones del reglamento, la empresa deberá entregar constancias como facturas, notas de crédito o registros bancarios que demuestren qué sucede con las tasas y otros gastos abonados por un empleado cuando un pasaje emitido a través de este beneficio es cancelado o bloqueado.
- Cantidad de pasajes asignados por empleado: la cifra de pasajes de este tipo que cada trabajador recibe por año calendario, discriminada por cargo y rango.
La orden de presentación marcó un punto clave para los investigadores, ya que permitirá determinar si hubo un uso indebido del sistema de pasajes internos de Iberia y establecer de qué manera se canalizaron esas operaciones.
Según explicaron fuentes judiciales a este medio, este tipo de requerimiento no es un trámite administrativo común, sino una herramienta formal que compromete a la compañía a colaborar con la Justicia. En otras palabras, si la información no es entregada en tiempo y forma, el juzgado podría autorizar – librado el oficio- el ingreso a las oficinas de la aerolínea Iberia para secuestrar la documentación.
En el entorno de las víctimas, la medida fue recibida como un paso decisivo. “Por fin se va a saber quiénes tenían acceso a esos pasajes y cómo se movía todo internamente”, comentó una de las damnificadas en diálogo con este medio.
“Si Iberia informa que los códigos que daba Karyna para viajar correspondían a pasajes de libre disponibilidad nos enteraríamos cómo era la operatoria. Lo que no puede hacer es negar que esos pasajes existían”, aseguró otra de las víctimas a LA NACION.
Mientras tanto, el “Karyna Gate” continúa sumando denunciantes y pruebas que apuntan a una presunta trama de reventa de pasajes a precios por debajo del mercado, que se habría aprovechado de un beneficio corporativo destinado exclusivamente a empleados.
La investigación, que involucra decenas de operaciones y pasajeros, ahora depende en gran parte de lo que Iberia entregue al juzgado. “La causa todavía está en etapa de instrucción. La fiscalía está citando a todos los que iniciaron una demanda. Los abogados de Karyna pidieron participar en todas las testimoniales. Entonces lo que fiscalía venía haciendo vía Zoom se va a hacer en forma presencial. También se investiga si hay otras agencias involucradas y qué grado de participación tiene Agustina y Lucrecia [amigas de Karyna y que también vendían los pasajes]. Esta última le habría presentado a Karyna una de las agencias que le emitía los pasajes, además se habría quedado con los dos celulares de Karyna mientras estuvo internada”, indicó otro damnificado a LA NACION.
