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El Gobierno no exhibe intenciones de implementar medidas inmediatas para paliar la crisis que se agrava en el sector de la discapacidad, tanto por la desactualización de los aranceles para los prestadores del sistema como por los reclamos para la asignación de nuevas pensiones no contributivas y certificados únicos (CUD).
Aún cuando La Libertad Avanza no tiene garantizado el “tercio de héroes” en Diputados para salvar el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno no prevé tomar ninguna acción de corto plazo, ni para llevar un alivio al sistema, ni para conseguir el apoyo de parte de los legisladores dialoguistas que reclaman un gesto desde el Poder Ejecutivo.
En la Casa Rosada señalan que no se reasignarán partidas si antes no se verifica un ahorro mediante la suspensión de pensiones por invalidez presuntamente mal otorgadas, un proceso que arrancó en marzo y que viene más lento de lo esperado.
La gestión de Milei está realizando una auditoría -caso por caso- sobre las 1.013.400 pensiones no contributivas por invalidez laboral que están vigentes y comenzó a suspender a aquellas que no cumplan con determinados requisitos médicos. El proceso, que se anunció en noviembre de 2024, se inició concretamente en marzo de este año y aún no se culminó.
La estimación que hacen en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) es que “entre 250.000 y 300.000 pensiones están mal otorgadas”. Por ahora, según informó el vocero Manuel Adorni en su última conferencia de prensa, se suspendieron 110.522. Como son suspensiones, las personas afectadas todavía podrían impugnar la resolución oficial. Además, siempre según datos oficiales, se dieron de baja de forma definitiva 8.107 que correspondían a personas fallecidas y otras 10.038 de personas que renunciaron voluntariamente a la asignación.
El plan de mediano plazo del Gobierno es que con la suspensión de pensiones se genere un ahorro a través de la baja de beneficiarios en Incluir Salud (la obra social del Estado para quienes tienen asignaciones por discapacidad). Y que esos fondos luego sean reasignados para actualizar los montos de las prestaciones. El sistema de discapacidad denuncia una falta de actualización cercana al 70% del nomenclador que determina el valor de las prestaciones.
La solución oficial no asoma como una salida de corto plazo que frene la crisis que arrastra el sector desde hace años y que se profundizó en los últimos meses. Tampoco parece que el Gobierno tenga apuro por el factor político: si bien hay actores del oficialismo -como Martín Menem- que vienen reclamando, puertas adentro, alguna medida para contener a los aliados del Congreso, el ánimo en la Casa Rosada es que primero se resuelva el veto en Diputados antes de anunciar cualquier medida paliativa.
En la reunión que mantuvo con un grupo de diputados en la quinta de Olivos, Milei se limitó a decir que el aumento de pensiones en discapacidad que hubo en los últimos años “responde a un país que sufrió guerras o catástrofes naturales”. Esta semana, el titular de la Andis, Diego Spagnuolo, visitó dos veces -el martes y el miércoles- la Casa Rosada. Pero en Balcarce 50 aseguran que no se otorgarán partidas extra para el sector. “No vamos a dar plata”, aseguró un colaborador del riñón presidencial.
La semana pasada, Adorni dijo que Andis “descubrió una actividad fraudulenta a gran escala donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1000 millones de dólares por año”. Detalló que entre 2003 y 2015 las pensiones no contributivas por invalidez laboral “pasaron de 79.000 a 1.045.000, para subir a un 1.222.000 en diciembre de 2023″. “Este número estratosférico no corresponde a un país que sufrió guerras militares ni catástrofes naturales, sino a un país que tuvo 20 años de kirchnerismo”, dijo el vocero, en sintonía con el discurso presidencial.
La auditoría
Según fuentes oficiales, a fines de marzo se inició un proceso que obliga a los beneficiarios de pensiones por discapacidad a revalidad su situación, mediante el otorgamiento de turnos médicos -a través de prestadores de PAMI- en todo el país. Los profesionales de la salud completaron planillas y redactaron un informe por cada paciente. Cada informe fue remitido al área de auditorías de la Andis que resolvió si correspondía, o no, la continuidad de la pensión.
A partir de allí fue que se suspendieron, en las últimas semanas, 110.522 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Fuentes oficiales señalan que se están suspendiendo “a razón de 10.000 pensiones por semana”. Actualmente se está notificando a quienes no se sometieron a la revisión (aproximadamente el 50% del padrón) para que acudan a la revisión médica en una segunda tanda de turnos.
La Andis, tal como publicó Infobae, acaba de lanzar un llamado para contratar 720.000 servicios de envío de cartas documento en todo el territorio argentino. Fuentes oficiales señalaron que estos servicios postales se utilizarán para notificar las suspensiones de las pensiones por invalidez, aunque esa cifra no será el universo total de bajas, ya que en muchos casos hay que hacer “varias notificaciones por persona”.
